La venta irregular de un vehículo en 2012 fue la pista para desentrañar una posible red de corrupción en Tránsito de Cochabamba. Pero no fue sino hasta febrero de 2014 que empezó una investigación que apunta a 56 uniformados -desde policías hasta coroneles- como presuntos responsables de un daño económico al Estado.
En ese entonces, el que era comandante departamental de la Policía, Alberto Suárez, puso al tanto de la situación al inspector departamental, quien instruyó que se averigüe qué sucedía en Tránsito, pues aparentemente no se cumplían los instructivos emitidos en 2009 por el Comando General y la Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones (DNFR): cobrar 30 bolivianos por un certificado de informe técnico obligatorio para la inscripción nueva y transferencia de vehículos.
Personal de Transparencia se dirigió a la División de Registros de Vehículos de Tránsito y allí se toparon con pilas y pilas de archivos. Para ahorrarse el trabajo decidieron revisarlos al azar: expedientes de vehículos desde 2009 (cuando se emitieron los instructivos) hasta 2013, entre cinco y 10 por cada mes.
Los investigadores dieron con 1.313 carpetas que no tenían los certificados técnicos que costaban 30 bolivianos. Pero los trámites para estos coches habían sido aprobados con las firmas de los filiadores y los comandantes de Tránsito de esas gestiones.
El daño económico por esas 1.313 carpetas es de 39.390 bolivianos; pero esto es sólo una muestra. Se calculó que en esos cinco años se tramitó al menos 109.548 carpetas sin los correspondientes certificados y, por ende, el daño superaría los tres millones, dinero que jamás ingresó a las arcas de la Policía y cuyo destino se desconoce.
Tras el descubrimiento, los investigadores de Transparencia emitieron su informe al inspector y éste hizo lo mismo para Suárez.
El comandante presentó una querella en mayo de 2014 contra 56 uniformados: 13 excomandantes de Tránsito, ocho exjefes de la División Registros de Vehículos y 35 exfiliadores de la misma división, todos del periodo comprendido entre 2009 y 2013. Los denunció por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, peculado, asociación delictuosa y enriquecimiento ilícito.
El rechazo de una fiscal
La querella llegó al despacho de la fiscal Jacqueline Ponce. Se presume que revisó la denuncia y en julio de 2014 decidió rechazarla. Sus argumentos: no existe conducta antieconómica porque no se sabe si los denunciados son en verdad policías.
No existe incumplimiento de deberes porque no se sabe qué funciones tenían los denunciados (pese a que sus firmas figuran en las carpetas aprobadas), ni si sabían que los certificados técnicos eran obligatorios.
No existe peculado porque se desconoce si los denunciados se apropiaron del dinero.
Tampoco enriquecimiento ilícito porque se desconoce cuál era el patrimonio de los denunciados "antes de prestar sus funciones en Tránsito”.
Y, por último, no existe asociación delictuosa porque no se comprobó que los denunciados "se dediquen de forma permanente a delinquir”.
Al parecer Ponce no intentó comprobar si los denunciados eran policías, ni qué funciones desempeñaban en Tránsito. No convocó a declarar a nadie, ni valoró ninguna de las pruebas presentadas por el querellante y sostuvo que no existían suficientes elementos para iniciar la investigación.
Fue por eso que el 5 de enero de este año el fiscal departamental Freddy Torrico anuló la resolución de rechazo y ordenó a la fiscal iniciar la investigación. Le recordó, además, que "no se puede emitir un rechazo argumentando en no contar con los elementos de convicción necesarios cuando la fiscal tiene la obligación de recabar tales elementos”.
Pero Ponce no continuaría por mucho tiempo en el caso. El nombre del nuevo fiscal asignado, Limber Claure, figura en una de las primeras actuaciones que hace el Ministerio Público. El 15 de abril solicitó al Comando Departamental de la Policía informar sobre el destino de los 56 investigados.
El 13 de mayo uno de los 56, René Salazar, excomandante de Tránsito, fue posesionado como comandante departamental de la Policía de Cochabamba, el mismo puesto que ocupó quien lo había denunciado: Alberto Suárez.
"No se acreditó por ningún medio que los querellados sean funcionarios públicos ni funcionarios policiales, mucho menos que fueran jefes”.
Fiscal Jacqueline Ponce
"Obviamente que yo me someteré y colaboraré con la investigación; pero veo que hay un claro direccionamiento, una mala intención en mi contra”.
Comandante René Salazar
El Comando de la Policía sólo actuará si hay imputaciones
Desde el Comando General de la Policía se informó que no se tomará ninguna acción contra los 56 denunciados mientras no exista una imputación formal contra ellos.
Con relación al flamante comandante departamental de la Policía de Cochabamba, René Salazar, se explicó que no existe ningún impedimento para que ocupe el cargo en el que fue posesionado el 13 de mayo, debido a que según las normas policiales una denuncia o investigación en contra no constituye en antecedente disciplinario.
El artículo 100 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía establece: "Únicamente las resoluciones sancionatorias ejecutoriadas constituirán antecedentes disciplinarios. Los memorandos de sanción por falta leve no son antecedentes disciplinarios. Tampoco se consideran antecedentes: a) Las denuncias. b) Las investigaciones en curso. c) Los procesos disciplinarios no concluidos o con archivo de obrados. d) Resolución de sobreseimiento, rechazo, absolución o prescripción con archivo de obrados”.
Salazar, en contacto telefónico con este medio, indicó que él es sólo uno de los 56 investigados y que durante su gestión como comandante de Tránsito de Cochabamba (2013, entre junio y agosto) no incurrió en ninguna ilegalidad. "Las carpetas donde debían estar los certificados de informe técnico eran revisados por los jefes de la División de Registro, los comandantes sólo le dábamos el visto bueno”.
Recordó que se emitió un rechazo en la Fiscalía (el de Jacqueline Ponce, que fue anulado) y que lo mismo ocurrió con una investigación interna. "Obviamente yo me someteré a la investigación”, añadió.
Si hubiera una imputación, el Comando General anunció que iniciará una investigación interna.
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