Horas antes de que fuera convocado a La Paz para formar parte del Alto Mando y ocupar una dirección nacional, OPINIÓN entrevista al ahora excomandante de la Policía de Cochabamba, coronel Rino Salazar Ballesteros, sobre algunos temas cuya difusión es importante porque tiene que ver con la política de servicio al ciudadano, las debilidades de la lucha contra la corrupción dentro de la Policía Boliviana, la falta de seguridad en las cárceles y las estrategias ante la constante escasez de agentes.
P.- Todos los comandantes prometen muchos cambios, pero las últimas dos gestiones dejaron con sabor a poco. ¿Cómo está encarando, en los hechos, su labor en Cochabamba?
R.- Cochabamba es un lindo departamento que requiere intensificar los servicios policiales en todos los rincones. Lo primero que hice fue organizar la Plana Mayor del Comando, se han nombrado nuevos directores departamentales, comandantes de estaciones policiales. Estamos trabajando ahora en la desconcentración de servicios, hemos capacitado a comandantes, subcomandantes y oficiales en temas de desconcentración policial. Estamos aplicando ahora un programa de capacitación al resto del personal, porque es importante contar con policías capacitados que tengan una visión comunitaria. Hay que fortalecer el trabajo preventivo con patrullaje en las calles. Prevenir ha dado buenos resultados porque, hasta el momento, no han ocurrido atracos y robos agravados grandes.
P.- El año pasado el Gobierno prometió sacar a los policías administrativos de sus escritorios para que salgan a patrullar a las calles. En la plaza 14 de Septiembre presentaron a los 300 policías que iban a salir de sus escritorios, pero en los hechos no se los vio en las vías ni en los barrios. Al contrario. Los módulos policiales estaban abandonados, pero unidades como la Policía Caminera, Tránsito y la Policía en municipio estaban abarrotadas porque, presuntamente, serían los lugares donde se “recauda” dinero con extorsiones y coimas. ¿Cómo ha distribuido usted el personal en su gestión para viabilizar la desconcentración en favor del ciudadano?
R.- La observación que hace usted ya la habíamos recogido y ya hice cambios. Por ejemplo, replegué a unos 30 efectivos de la Policía Caminera y dejé 80, que son los estrictamente necesarios para trabajar por turnos en las diferentes carreteras del departamento controlando tráfico, a choferes ebrios, cumplimiento de normas. Los 30 agentes que replegamos de la Policía Caminera han sido enviados a las estaciones policiales integrales de la ciudad para reforzar la seguridad en las distintas zonas. De Tránsito hemos replegado unos 20 efectivos que también han sido enviados a las estaciones policiales y en algunos casos a fortalecer la seguridad en las cárceles. Habían oficinas donde había exceso de personal y que además estaba mucho tiempo en esos lugares, ahora lo estamos redistribuyendo.
P.- Respecto a la seguridad en las cárceles. El 14 de septiembre de 2014 hubo una matanza en el penal de El Abra porque había corrupción policial y la seguridad era pésima. Para vigilar a 544 reclusos apenas habían 21 policías, cuando en 2008, en esta misma cárcel, habían 76 policías para custodiar a 241 presos. Desde la matanza, solo aumentaron 9 policías más y son 30. Es decir, en lugar de mejorar, se está retrocediendo. ¿Qué pasaría si ocurre una nueva matanza?
R.- Lamentablemente existe falta de personal. La cantidad de efectivos que tenemos es insuficiente para cubrir todos los servicios de seguridad penitenciaria, si aumentamos agentes en las cárceles vamos a debilitar los patrullajes. Cochabamba ya no es la misma de 2010, hay muchos más barrios, zonas que cubrir y el crecimiento demográfico no ha ido acompañado con una dotación de personal acorde. Todas las unidades son importantes, tengo requerimientos de más personal en la FELCC, en la FELCV, en el PAC, Delta, Orión y por eso ya sacamos personal de la Caminera y de Tránsito. He instruido al jefe de Personal que efectúe un diagnóstico del personal que todavía está en oficinas para ver cómo podemos redistribuirlos. Incluido mi comando que tendrá solo el personal necesario.
P.- La asignación de nuevo personal policial por parte del Gobierno nunca será la ideal, pero de todas formas hay una percepción general de que no se está tomando en serio el tema de la inseguridad en las cárceles, donde hay hacinamiento, infraestructura penosa y donde tampoco existen cámaras de vigilancia, ni escáneres para detectar el paso de droga y otros objetos prohibidos. ¿Cómo se puede hablar de seguridad en estas condiciones, cuando unas y otras autoridades incumplen sus deberes de asignar recursos humanos, logísticos, y otros?
R.- Sin duda es un tema sensible que no hay que descuidar. Estoy a la espera del diagnóstico final del personal, hasta el lunes, y una de las prioridades por atender serán las cárceles. Tenemos un manual de distribución de personal en cárceles y si bien no existe personal suficiente, veremos la forma de fortalecer la parte de recursos humanos en los recintos penitenciarios. En cuanto a los escáneres, cámaras y otros, es importante el trabajo de la prensa que nos ayuda a detectar las debilidades y solicitaremos a las instancias que correspondan, el equipamiento necesario.
P.- En el tema de la transparencia informativa. Los fines de semana los medios de comunicación siguen tropezando con el tema de que no existe una voz autorizada para brindar información en la FELCC y otras unidades. El derecho de los ciudadanos a estar informados, incluso para tomar precauciones, no se prioriza los fines de semana.
R.- Desde que asumí el mando, yo instruí que se abran las puertas a la prensa y a brindarles toda la información que requieran sea buena o mala. La FELCC no es una excepción. La información debe ser constante, excepto en los casos que precisan cierta reserva por razones de investigación. Veré que la disposición se cumpla, porque los funcionarios policiales tienen la obligación y deben tener la disposición de brindar información.
“Exceso”.
Las unidades de la Policía Caminera, Tránsito y algunos municipios estaban abarrotadas de efectivos en desmedro de los barrios y la gente.
Salazar asegura que no conocía el caso del capitán, hijo de general, que motivó cambios
P.- En el tema disciplinario. ¿Cómo está encarando las constantes denuncias de corrupción contra policías?
R.- Antes solo nos guiábamos por reglamentos, pero ahora existe la Ley 101 que es muy drástica para orientar y regir nuestras acciones. Lo primero que hay que aclarar es que las conductas y faltas de los funcionarios policiales son individuales, personales. Ante una inconducta aplicamos esa norma, pero creo mucho en la prevención y estamos dando cursos, capacitaciones en las escuelas policiales para evitarlo. Una muestra de la aplicación de la ley es que los dos funcionarios que dispararon a un vehículo están siendo procesados disciplinariamente y con detención preventiva en el ámbito penal. Es un ejemplo de que no se encubre a nadie.
P.- Sin embargo, la percepción que los medios recogemos de la población, en las calles, y a través de las redes sociales, es que en este caso actuaron con rapidez y drasticidad porque ellos dispararon contra un vehículo oficial donde iba el piloto del presidente Evo Morales, pero, ¿se actúa con la misma prontitud cuando un ciudadano común denuncia faltas?
R.- Ante cualquier denuncia, el procedimiento es claro, se activa un sistema disciplinario del que participan fiscales e investigadores. Hay plazos. El investigador pasa el fruto de su pesquisa al fiscal policial para que siga su curso. No se tendría que manipular la justicia policial porque incluso hay sanciones para investigadores y fiscales policiales que no cumplan con su trabajo o que efectúen un mal procedimiento. La gente más idónea trabaja allí y no tendría que recibir presiones de ningún lado para sancionar a los efectivos que infrinjan las normas.
P.- Existen ejemplos de que sí existen presiones. Es el caso de un capitán que tiene antecedentes por violación a una estudiante de Esbapol en Oruro, que fue sancionado con el retiro de la Policía por el Tribunal de esa ciudad, pero que, extrañamente, en La Paz, fue absuelto de los cargos, pese a la contundencia de las pruebas.
Este mismo capitán, que es hijo de un general que hoy ocupa un alto cargo, fue denunciado por extorsión en Tránsito de Sacaba y los fiscales policiales que lo investigaban fueron cambiados, incumpliendo la Orden General de Destinos, después que el Fiscal General de la Policía en persona llegó a la Llajta para interceder por este caso y ordenar que le remitan el expediente a La Paz. ¿Qué hace usted como comandante ante este caso?
R.- No tengo conocimiento del caso de extorsión, no fue en mi gestión. La Dirección Departamental de Investigación Policial y la Fiscalía Policial dependen de la Digipi y Fiscalía General de la Policía en La Paz, no de mí.
P.- La Ley 101 dice que cuando un policía es denunciado por cualquier falta debe ser cambiado de unidad para garantizar las pesquisas. Mientras a algunos efectivos los cambian cada 4 meses, este capitán sigue en Tránsito Sacaba desde hace más de 3 años. Es otra muestra de que la Ley 101 solo se cumple a medias.
R.- Como le dije, estoy a la espera del diagnóstico de personal y si el capitán está tanto tiempo como dice, no solo se lo cambiará por la investigación a la que se somete, sino por el tiempo transcurrido. (Dos horas después el jefe policial verificó que el capitán estaba en la misma unidad hace años e informó que había ordenado su cambio a una Estación Policial Integral).
P.- La Orden General de Destinos del Gobierno nombró como Fiscal Policial de Cochabamba al coronel José Borda por dos años. Pero él y otros 4 efectivos fueron cambiados con una orden del jefe de Personal de La Paz. Sin embargo una orden general está por encima de una orden de Comando. Dicen dentro de la Policía que una orden mal dada nunca debería ser acatada. ¿Por qué permitió los cambios de los fiscales que investigaban al capitán que es hijo de un general?
R.- Hay tres fiscales, uno departamental. Azurduy y Cotrina ya estaban en esos cargos 4 años y solo pueden estar 2. Ellos no aparecen en la orden general y su cambio llegó como una disposición superior de La Paz. En el caso del fiscal departamental José Borda, él sí aparecía en la Orden General de Destinos, pero le llegó una orden del fiscal general Esteban Pereyra. Solo él podría responder el motivo del cambio. En primera instancia llegó un memorándum del excomandante general Cerruto y luego llega otro firmado por Esteban Pereyra. Mi comando solo hizo conocer esas disposiciones a los destinatarios, en el marco de mis atribuciones.
P.- A diario decenas de ciudadanos son extorsionados en las calles por infracciones, accidentes de tránsito y hasta con mentiras de que los chasis de sus carros están adulterados. ¿A dónde denunciar la corrupción policial?
R.- Pueden llamar a los teléfonos del Comando 4252735, 4255269 y al de la Didipi, el 4511687.
La frase.
“Si ese capitán está mucho tiempo en la misma unidad será cambiado por eso y por la investigación que enfrenta”.
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