Los expedientes de unos 30 oficiales de la Policía fueron remitidos para ser investigados sobre la posible comisión de delitos de corrupción y, según el informe preliminar, al menos 12 oficiales serán enjuiciados por falsedad de declaración de bienes y por enriquecimiento ilícito. El documento fue divulgado ayer por la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia.
“Hemos generado 30 procesos penales contra servidores públicos de la Policía, también hemos remitido a los tribunales disciplinarios cuatro casos para que se sancione en la vía disciplinaria y tenemos otros casos que están en etapa de investigación”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.
Según el documento oficial al que accedió EL DEBER, se trata de cinco oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), dos jefes regionales de La Paz, un jefe nacional de Inteligencia, un jefe nacional de Planificación y Operaciones y un jefe de esta unidad policial.
En cuanto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), hay cuatro jefes: tres directores departamentales, dos de La Paz y uno de Cochabamba, y un jefe operativo de Santa Cruz.
En el caso del Control Operativo Aduanero (COA), se trata de dos directores regionales, uno de Tarija y el otro de La Paz, que ya están enjuiciados por declaración falsa de sus rentas y bienes; además, por enriquecimiento ilícito.
Finalmente, la nómina tiene a un jefe de la unidad jurídica de La Paz, que es procesado por los mismos delitos que sus camaradas.
En la nómina total figuran 30 nombres y el reporte indica que se encontraron suficientes indicios para remitir estos 12 casos a la justicia ordinaria, aunque también señala que los otros casos siguen en proceso de investigación por la Fiscalía.
Cada cuatro años
La ministra Valdivia afirmó que actualmente los policías presentan sus declaraciones juradas de bienes y rentas cada cuatro años o cada vez que tienen que ascender de rango. En su criterio, por la sensibilidad que tiene esta entidad, las declaraciones se deberían hacer cada año porque los policías también son funcionarios públicos, dijo la ministra que exhortó a la Contraloría General del Estado a generar mecanismos que permitan este tipo de fiscalización documental.
Régimen disciplinario
De igual modo, la funcionaria de Estado dijo que la reforma estructural de la entidad verde olivo debería tomar en cuenta el régimen disciplinario y las limitaciones que enfrenta actualmente porque los miembros de esta instancia son policías y, que como existe una conformación vertical, los juzgadores son presionados y planteó la posibilidad de que los oficiales de bajo rango y suboficiales también formen parte de los tribunales internos que tiene la institución, a fin de generar equilibrios
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