Prestar dinero es una forma de obtener ganancias, pero tiene sus riesgos: que el prestatario no pague o desaparezca. En La Paz, investigadores privados, que admiten que usan métodos al margen de la ley, ofrecen sus servicios de cobranza. En enero de este año cuatro colombianos y dos brasileños fueron capturados en Santa Cruz y en Cochabamba por el secuestro de 12 personas, familiares del deudor, para obligarle a honrar sus compromisos económicos.
Bolivia abolió en los años 90 la prisión por deudas. Nadie puede ser privado de su libertad ni procesado por deudas en un juicio penal. El prestamista tiene la opción de acudir a la vía civil, en la que los juicios duran más.
El viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano, afirma que este accionar es característico de “extranjeros que se dedican al préstamo y cobro de dinero bajo un sistema de coacción al margen de la ley”. “En La Paz no hemos tenido este tipo de casos, solo en Cochabamba y Santa Cruz”.
“En Bolivia no hay (sicarios) que ofrecen estos servicios, aunque sí hay muchos ciudadanos extranjeros que utilizan mecanismos de presión para estas cosas”. Sin embargo, basta echar una hojeada a los avisos clasificados de los diarios locales para toparse con los anuncios de los denominados cobradores profesionales.
Ofertas. “Yo lo ubico. Lo voy a agarrar y lo voy a traer, voy a hacer que se siente frente a usted, vamos a averiguar qué bienes tiene. Voy a hacer que le pague el capital, los intereses y también daños y perjuicios. Todo lo que usted va a gastar para encontrarlo, hasta el último centavo le va a pagar”, es la oferta de un investigador contactado por este diario.
Para hacer el trato pide Bs 5.000 de inicio. El interesado debe desembolsar un adelanto de Bs 2.500 para que haga las primeras diligencias y el resto tiene que entregarlo una vez que el deudor sea conducido ante él.
“Investigación privada. Se buscan personas por deudas, infidelidad, juicios, seguimiento con pruebas, absoluta discreción”, dice uno de los muchos anuncios que se publican a diario. La Razón conversó con tres detectives privados y con un sicario. A los tres primeros los contactó a través de anuncios en los periódicos y el último, por internet.
El primero planta sus condiciones por teléfono. “Deberá pagar Bs 700 solo por la ubicación de su domicilio y entre Bs 1.500 y 2.500 por encontrarlo. Si quiere que haga el cobro, le costará entre el 10 y el 20% del monto adeudado. Después de ubicarlo, usted actuará de forma legal, con un abogado, y si no se resuelve, entonces yo me encargaré de cobrar el dinero, totalmente al margen de la ley”, advierte el cobrador.
“Esta gente opera al margen de la ley e incurre en varios delitos. Si no hay documentos de respaldo (de la deuda), es extorsión. Primero hay amedrentamiento, presión, hay muchas figuras penales, porque al final utilizan armas de fuego y hay lesiones”, dice.
Las víctimas —agrega— no denuncian este tipo de hechos, y como nadie lo hace “no hay forma de hacer un seguimiento”. El tercer detective consultado por La Razón se compromete a ubicar al deudor en diez días.
“Eso le costará Bs 1.200 —precisa— tiene que darme el 50% de adelanto para que me pueda movilizar. Yo le voy a dar fotografías, filmaciones (del deudor). Le mostraré dónde vive, dónde trabaja, pero para hacer la cobranza debemos negociar otra cantidad, le costará el 2 a 3% del total del monto adeudado”.
De acuerdo con el abogado penalista Milton Mendoza, el trabajo que llevan a cabo los investigadores privados vulnera el derecho a la privacidad de los ciudadanos, porque “si alguien me tiene que investigar, me tiene que seguir y tomar fotografías, me filmará y podrá interceptar mi teléfono informáticamente, y me espiará también a través de las redes sociales”.
En Bolivia no existe una norma que regule su trabajo, por lo que es muy fácil que apelen a métodos ilícitos y extorsivos, apunta.
“Esta actividad es un fenómeno que trae consigo la comisión de hechos delictivos y sobre todo ahonda la inseguridad. No sabemos con quiénes nos topamos ni qué tipo de métodos van a utilizar estas personas para conseguir sus propósitos”, añade.
El sicario contactado por este medio, a través de correo electrónico, dice vivir en la ciudad de Puno, Perú: “Podemos cobrar la deuda que sea y asegurarte que tendrás el dinero de regreso. Te cobramos el 5% de lo recuperado, pagado una vez que tengas de regreso el dinero contigo”. Inicialmente se le debe cancelar la suma de $us 400 para cubrir “costos operativos” y el tiempo estimado como máximo para recobrar la suma es de siete días. El coronel Gary Omonte, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), asegura que desconoce la existencia de denuncias contra estos cobradores.
Sin embargo, deja en claro que el trabajo de los detectives particulares no está regulado por ninguna normativa y que los únicos que pueden realizar investigaciones en el país son: la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), conforme lo establece el Código de Procedimiento Penal.
“Vamos a investigar a estas personas que realizan esta labor porque no está permitido que una persona siga a otra, tome fotos o haga filmaciones porque estarían vulnerando sus derechos constitucionales”, advierte.
Delito. También asegura que los exoficiales de policía que consideren que pueden dedicarse a esta labor, están cometiendo un delito y pide a los ciudadanos que se sientan perseguidos formalizar una denuncia ante la FELCC. Según el experto en criminología Carlos Flores, estas ofertas de los investigadores particulares, que han proliferado en los últimos años en Bolivia “incrementan la criminalidad en el país”.
“Como no cuentan con ningún tipo de permiso ni de legalidad, se valen de métodos reñidos con la ley”, recalca. Asegura que estos detectives pueden cometer allanamientos, violación de correspondencia, realizar escuchas ilegales, entre otros, lo que incrementa la inseguridad ciudadana.
“Las personas que contratan a esta gente están incurriendo en una actitud dolosa, porque hay bufetes que se encargan de iniciar procesos como lo establece la norma”, aclara Lazcano. “¿Le deben $us o Bs? Financiamos el costo total de la tramitación de juicios ejecutivos y coactivos civiles”, dice uno de los avisos de un estudio de abogados que prestan este tipo de servicios.
Sin embargo, en el mercado no solamente están los que usan la violencia física para presionar a los deudores. Hay anuncios en los periódicos donde los cobradores ofrecen desprestigiar —escrachar— a los prestatarios incumplidos ante su entorno social.
“Un grupo de personas, con guitarra en mano, ingresó al restaurante donde se encontraba el presunto estafador y su familia, y procedió a cantarle canciones con letras sugestivas, que dan a entender que son deudores morosos, avergonzándolos delante del resto de la gente como una forma de coacción”, relata a este diario un testigo de este procedimiento.
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