El 3 de julio de este año, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, llegó a Cochabamba con el comandante general de la Policía, Édgar Téllez y juntos anunciaron una intervención a Diprove, a raíz de una denuncia de corrupción hecha vía telefónica por dos comunarios de Vinto a los que policías les habrían extorsionado miles de dólares para recuperar sus vehículos.
Entonces, Romero sostuvo que había instruido la remoción total del personal de Diprove y la investigación a gestiones anteriores. En esa fecha, el director era Nataniel Rojas y el subdirector Nelson Miranda. Ambos llevaban apenas 40 días de trabajo y en ese lapso habían desarticulado siete bandas delincuenciales, pero debido a las supuestas denuncias y a la intervención, ellos y otros 12 policías fueron enviados a destinos alejados como Pando y Beni.
Ya en agosto OPINIÓN corroboró que nunca se removió a todo el personal de Diprove, como dijo el Ministro, sino solamente a 14 policías. Ayer se cumplieron cuatro meses de la intervención y este diario acudió a la Dirección de Investigación Policial Interna (Didipi) para indagar el avance de las pesquisas en contra de los 14 efectivos.
NO HAY DENUNCIAS El director de la Didipi de Cochabamba, coronel David Chávez, informó que ni una sola persona formalizó denuncia en contra de los jefes policiales, ni de los subalternos removidos de Diprove el 3 de julio.
“Hemos tenido conocimiento de esa denuncia vía telefónica a través de los medios de comunicación que replicaron lo que las autoridades dijeron y por ello se abrió una investigación en base a esas publicaciones, pero en todo este tiempo nadie ha formalizado denuncia”, sostuvo.
De acuerdo al artículo 65 de la Ley 101, aseguró Chávez, se abrió una pesquisa al conocer de la denuncia a través de los medios, “pero al no haber sido halladas las personas que llamaron vía telefónica, ni haberse presentado para sustentar que fueron extorsionadas y exigir justicia, no contamos con elementos que ayuden a profundizar esa pesquisa y todo se complica porque no sabemos si fue una denuncia real o falsa”, explicó.
La Didipi ya remitió el proceso abierto, en base a la denuncia publicada en los medios, ante la Fiscalía Policial, para que esa instancia rechace o resuelva el destino de la misma.
OPINIÓN buscó ayer al Fiscal Policial coronel Alfonso Mendoza, para consultarle al respecto, pero no lo encontró.
De acuerdo a la Ley 101 y otras leyes bolivianas en vigencia, si autoridades como el director nacional de Diprove y el comandante general de la Policía se animaron a efectuar denuncias de corrupción, sin previo proceso, contra sus camaradas ante el Ministro de Gobierno y los medios de comunicación, es porque poseían las pruebas necesarias, pero ni siquiera estas autoridades policiales formalizaron denuncia en contra de los destituidos.
Por ello, habrían cometido varias faltas graves previstas en los artículo 12, 13 y 14 de la Ley 101 como por ejemplo: “realizar denuncias de faltas disciplinarias que sean falsas o calumniosas” (parágrafo 26), “recurrir de manera verbal o escrita a medios de comunicación para emitir agravios en contra de la institución y sus componentes”, “incurrir en actos públicos deshonrando la insitución o el uniforme policial” .
DELITOS PENALES Las autoridades policiales que denunciaron a sus camaradas también incurrieron en delitos de orden penal. El artículo 14 de la Ley Anticorrupción obliga a los jefes de instituciones a convertirse en parte querellante al conocer de un hecho de corrupción y no lo hicieron. El director nacional de Diprove, Rubén Zegada, que supuestamente recibió la llamada de denuncia del comunario de Vinto, nunca se convirtió en parte querellante. Incurrió en el delito de incumplimiento de deberes que tiene una pena de uno a cuatro años de cárcel.
No se aplica la misma vara
Por una supuesta llamada vía telefónica de un comunario de Vinto, que jamás dio la cara, el 3 de julio se intervino Diprove de Cochabamba y se destituyó a dos jefes policiales y a 12 funcionarios que llevaban 40 días de trabajo y desarticularon siete bandas delincuenciales. Sin embargo, el 20 de octubre, camioneros de Santa Cruz organizados en un sindicato, bloquearon la carretera a Cotoca y denunciaron públicamente, con nombre y apellido, que son extorsionados por policías de Diprove y del COA que les cobraban entre 2 mil y 3 mil dólares por el paso de vehículos chutos regularizados hace 20 años.
Frente a esta denuncia pública y con nombre, el director nacional de Diprove y el comandante de la Policía no efectuaron ninguna intervención, ni llamaron al Ministro de Gobierno para ello. Tampoco hubo destituciones, por lo menos no las anunciaron a través de los medios de comunicación, como en el primer caso. Cobra fuerza la hipótesis de intereses en sacar de cargos claves a policías que son estorbo para las mafias que internan vehículos chutos al país.
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