Tuesday, November 27, 2018
Tuesday, November 13, 2018
Desbloque en Roboré Pobladores quemaron oficinas de Policía
Los pobladores de Roboré quemaron instalaciones de la Policía. Agentes de seguridad gasificaron a los bloqueadores que se manifestaban contra el asentamiento de campesinos en predios de las reservas naturales de El Paquió y la Unidad de Conservación del Valle de Tucabaca.
Aproximadamente a las 21.30 de ayer, los efectivos policiales desalojaron a los protestantes dejando expedita la carretera para el tránsito de motorizados que estaban parados desde hoy.
Desde la Alcaldía de Roboré confirmaron que la Policía gasificó a los manifestantes que exigían respeto a las reservas naturales y protestaban contra los asentamientos ilegales y la deforestación en la zona boscosa. Ricardo Zebers, de la oficina de prensa de la Alcaldía de Roboré, explicó que el contingente policial dispersó el bloqueo en el ingreso a la población, en inmediaciones del surtidor de combustibles, y luego se dirigió al siguiente bloqueo en la entrada a Santiago.
Zebers dijo que la población se concentrará en la plaza principal para determinación nuevas medidas de presión a tomar.
Presidente del Comité Cívico de Roboré, Martin Carrillo, lamentó el accionar de la Policía y reiteró que ellos solo exigen que se respeten las reservas naturales y pide que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de una solución inmediata al conflicto.
Según los cívicos, el INRA no cumplió con su promesa de anular las resoluciones de asentamiento de campesinos en la zona, reforestar el monte afectado y pagar el daño que se hizo en la reserva.
Aproximadamente a las 21.30 de ayer, los efectivos policiales desalojaron a los protestantes dejando expedita la carretera para el tránsito de motorizados que estaban parados desde hoy.
Desde la Alcaldía de Roboré confirmaron que la Policía gasificó a los manifestantes que exigían respeto a las reservas naturales y protestaban contra los asentamientos ilegales y la deforestación en la zona boscosa. Ricardo Zebers, de la oficina de prensa de la Alcaldía de Roboré, explicó que el contingente policial dispersó el bloqueo en el ingreso a la población, en inmediaciones del surtidor de combustibles, y luego se dirigió al siguiente bloqueo en la entrada a Santiago.
Zebers dijo que la población se concentrará en la plaza principal para determinación nuevas medidas de presión a tomar.
Presidente del Comité Cívico de Roboré, Martin Carrillo, lamentó el accionar de la Policía y reiteró que ellos solo exigen que se respeten las reservas naturales y pide que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de una solución inmediata al conflicto.
Según los cívicos, el INRA no cumplió con su promesa de anular las resoluciones de asentamiento de campesinos en la zona, reforestar el monte afectado y pagar el daño que se hizo en la reserva.
Concluyó operativo policial Supuesto menor sacrificado no fue hallado
Una comisión interinstitucional conformada por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, el Ministerio Público y personal del Instituto Forense IDIF llegó ayer a la localidad de Cosmipata, provincia Muñecas, departamento de La Paz, que investigó la desaparición del niño Joel C.A., cuyo cuerpo no fue hallado en la mina de la cooperativa Santa Bárbara, donde se presumía hubiera sido sacrificado en ritual minero, informó el Ministerio de Justicia.
Al promediar las 14.50, la Comisión llegó a la provincia Muñecas, posteriormente se sostuvo una reunión en la plaza del pueblo con los comunarios y mineros cooperativistas, quienes permitieron el ingreso a interior mina de las autoridades y coadyuvaron en las investigaciones, señala el informe oficial emitido por el Ministerio de Justicia.
Después de la reunión con los pobladores del lugar, el fiscal asignado al caso, Carlos Mariaca, el personal de bomberos, canes adiestrados, comuniarios, el padre del niño Norberto Condori y mineros ingresaron a ocho socavones de la mina Cosmipata Santa Bárbara con orden de allanamiento, refiere el informe.
“Tras el operativo no se encontró ningún resto humano concluyendo a horas 17.30 las tareas investigativas, cuando el Fiscal dispuso que todas las unidades se retiren de la mina”, señala el documento.
Autoridades policiales de la fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz informaron que uno de los objetivos de la comisión conformada por al menos 40 personas, fue verificar la veracidad de la denuncia efectuada la pasada semana por los padres del menor J.C., en sentido de que fuera ofrendado al “tío de la mina”, o proceder al recate del menor.
“A las 4 de la mañana de ayer una comisión (…) se dirigió a la ruta Cotapani, provincia Muñecas. Hemos dislocado también personal de bomberos y canes expertos en la búsqueda de restos humanos. Una vez que se realice esta búsqueda le pasaremos la posta al Instituto de Investigaciones forenses (IDIF) para que realicen las labores de orden pericial con cuyo resultado buscaremos a los responsables si los hubiera”, señaló el Director de la Felcc de La Paz, tras remarcar que el operativo se realizó con todas las medidas de seguridad.
Según relataron los padres del menor, el niño desapareció el pasado 14 de septiembre de la plaza principal de su pueblo en la sección Aucapata, provincia Muñecas, del departamento de La Paz, en medio de una festividad local.
El equipamiento desplazado incluyó el laboratorio móvil del IDIF, personal especializado para adentrarse a lugares recónditos, además de contar con todos los mecanismos de comunicación.
Al promediar las 14.50, la Comisión llegó a la provincia Muñecas, posteriormente se sostuvo una reunión en la plaza del pueblo con los comunarios y mineros cooperativistas, quienes permitieron el ingreso a interior mina de las autoridades y coadyuvaron en las investigaciones, señala el informe oficial emitido por el Ministerio de Justicia.
Después de la reunión con los pobladores del lugar, el fiscal asignado al caso, Carlos Mariaca, el personal de bomberos, canes adiestrados, comuniarios, el padre del niño Norberto Condori y mineros ingresaron a ocho socavones de la mina Cosmipata Santa Bárbara con orden de allanamiento, refiere el informe.
“Tras el operativo no se encontró ningún resto humano concluyendo a horas 17.30 las tareas investigativas, cuando el Fiscal dispuso que todas las unidades se retiren de la mina”, señala el documento.
Autoridades policiales de la fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz informaron que uno de los objetivos de la comisión conformada por al menos 40 personas, fue verificar la veracidad de la denuncia efectuada la pasada semana por los padres del menor J.C., en sentido de que fuera ofrendado al “tío de la mina”, o proceder al recate del menor.
“A las 4 de la mañana de ayer una comisión (…) se dirigió a la ruta Cotapani, provincia Muñecas. Hemos dislocado también personal de bomberos y canes expertos en la búsqueda de restos humanos. Una vez que se realice esta búsqueda le pasaremos la posta al Instituto de Investigaciones forenses (IDIF) para que realicen las labores de orden pericial con cuyo resultado buscaremos a los responsables si los hubiera”, señaló el Director de la Felcc de La Paz, tras remarcar que el operativo se realizó con todas las medidas de seguridad.
Según relataron los padres del menor, el niño desapareció el pasado 14 de septiembre de la plaza principal de su pueblo en la sección Aucapata, provincia Muñecas, del departamento de La Paz, en medio de una festividad local.
El equipamiento desplazado incluyó el laboratorio móvil del IDIF, personal especializado para adentrarse a lugares recónditos, además de contar con todos los mecanismos de comunicación.
Monday, November 12, 2018
Policías son sancionados por no ir a declarar
El Tribunal Disciplinario de la Policía que llevó adelante la audiencia contra el excomandante regional de la Policía de El Alto, coronel José Peña, que enfrenta un proceso por faltas graves disciplinarias que habría cometido en el caso de la quema de la Alcaldía el 17 de febrero de 2016, emitió un memorándum de llamada de atención para tres policías que no fueron a declarar, entre ellos el excomandante nacional de la Policía, general Abel de la Barra.
En el proceso disciplinario que inició en septiembre pasado, continuó el miércoles 7 de noviembre, donde se escuchó la declaración de dos testigos, entre ellos el de la alcaldesa la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, sin embargo, al llamar a los siguientes testigos, se evidenció su inasistencia por lo que el presidente del Tribunal policial determinó suspender la audiencia hasta el próximo 20 de noviembre.
“El Comandante tiene que transmitir al Tribunal cuáles han sido los motivos, las razones por las que no ha atendido o cuáles son las instrucciones superiores con las que también se había remitido esa fecha. También hay informes de sus subalternos que indican que él habría mencionado que había instrucciones de arriba para no atender la solicitud de auxilio”, manifestó Chapetón.
JUICIO ORAL
Por otro lado, el director general de Asesoría Legal de la Alcaldía de la ciudad de El Alto, Jeral Quisbert, informó que el caso está en etapa de juicio oral.
“Estamos en la etapa de resolver los incidentes y excepciones que han presentado los acusados”, aseveró.
Explicó que a la fecha son once acusados, entre ellos tres funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea), Marcelo Plata, Dorian Ulloa y Félix Durán, el resto son dirigentes de los padres de familia y ningún policía.
Aclaró que el Ministerio Público rechazó la denuncia a favor del coronel Peña, por lo que no es parte del proceso, sin embargo, el municipio pidió la conversión de acción, que ya está en proceso.
“Pedir la conversión de acción significa decirle al juez vamos a seguir el proceso penal contra el coronel Peña sin el Ministerio Público, solamente como acusadores particulares”, explicó.
La autoridad municipal apuntó que se tiene un avance de al menos 30 por ciento en el juicio que ya convocó a 15 audiencias entre suspendidas y efectivas. La próxima será el jueves 15 de noviembre.
SENTENCIA CONDENATORIA
Quisberth informó que en el caso existen ya siete sentencias ejecutoriadas, entre ellos, dos menores y otros cinco dirigentes de las juntas escolares que se acogieron a proceso abreviado.
“A estas siete personas se les ha impuesto una sentencia condenatoria por el delito de homicidio y por destrucción y deterioro de Bienes del Estado, se los ha sancionado a cinco años de reclusión y esas sentencias están ejecutoriadas, es decir no se ha apelado a las mismas, por lo tanto al día de hoy la prosecución del juicio oral que tenemos solamente es contra 11 personas”, indicó.
“NO TENGO RESPONSABILIDAD”
A su turno, el coronel Peña aseguró que como comandante de la Policía de El Alto cumplió su labor como lo disponen sus reglamentos y no tiene nada de qué arrepentirse porque siempre trabajó en el marco de la ley, brindando seguridad a la ciudadanía.
Aseguró que los artículos que le atribuyen como faltas disciplinarias se están desvirtuando por las declaraciones de los testigos, ya que ninguno mencionó de manera concreta de todo lo sucedido en cuanto a su accionar como comandante.
“No hay elemento objetivo y real que pueda demostrar que yo haya podido cometer faltas, por otro lado, lamentablemente por la forma en que lo han expuesto, tiene más un cariz político y no de responsabilidad hacia la Policía o mi persona”, dijo.
Aseguró que él como autoridad policial en la urbe alteña no recibió ninguna llamada telefónica de la Alcaldesa ni en esa oportunidad, ni antes, por lo que considera que no hubo una buena coordinación institucional.
“En todas las anteriores protestas sociales, de cualquier sector, en el municipio de 80 a 100 guardias municipales se encontraban brindando seguridad de la instalación, no del control del conflicto social, sino de sus instalaciones. Curiosamente ese día no estaban, y yo me enteré cuando estuve supervisando en el sector del peaje”, dijo.
En ese marco, explicó que recibió una llamada del coronel Nelson Santander, el más antiguo declarado en comisión al Gamea, quien le comentó que los marchistas estaban agresivos y que no había guardias del municipio, por lo que le instruyó se constituya a resguardar el municipio.
“Fue a orden mía a la puerta del municipio a resguardarlo, porque el resto no podía llegar por el caos vehicular que había, y porque fueron agredidos por la turba, yo mismo me dirigí al lugar desde el peaje de la autopista a pie”, explicó.
HECHOS
El 17 de febrero de 2016, se incendió y saqueó la Alcaldía de la ciudad de El Alto, el saldo fue la pérdida de seis funcionarios municipales: Rosmery Mamani, Ana María Apaza, José Ortiz, Javier Mollericona, Juan Laura, Gloria Calle, además de 26 heridos.
El entonces viceministro de Regimen Interior, Marcelo Elio, fue identificado en la escena del crimen.
Dos dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) con detención preventiva: El excandidato a concejal Wilmer Sarzuri y Braulio Rocha, dirigente gremial del MAS, este públicamente señaló “voy a ser tu pesadilla por el resto de tu vida” en directa amenaza a Soledad Chapetón.
En el proceso disciplinario que inició en septiembre pasado, continuó el miércoles 7 de noviembre, donde se escuchó la declaración de dos testigos, entre ellos el de la alcaldesa la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, sin embargo, al llamar a los siguientes testigos, se evidenció su inasistencia por lo que el presidente del Tribunal policial determinó suspender la audiencia hasta el próximo 20 de noviembre.
“El Comandante tiene que transmitir al Tribunal cuáles han sido los motivos, las razones por las que no ha atendido o cuáles son las instrucciones superiores con las que también se había remitido esa fecha. También hay informes de sus subalternos que indican que él habría mencionado que había instrucciones de arriba para no atender la solicitud de auxilio”, manifestó Chapetón.
JUICIO ORAL
Por otro lado, el director general de Asesoría Legal de la Alcaldía de la ciudad de El Alto, Jeral Quisbert, informó que el caso está en etapa de juicio oral.
“Estamos en la etapa de resolver los incidentes y excepciones que han presentado los acusados”, aseveró.
Explicó que a la fecha son once acusados, entre ellos tres funcionarios del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto (Gamea), Marcelo Plata, Dorian Ulloa y Félix Durán, el resto son dirigentes de los padres de familia y ningún policía.
Aclaró que el Ministerio Público rechazó la denuncia a favor del coronel Peña, por lo que no es parte del proceso, sin embargo, el municipio pidió la conversión de acción, que ya está en proceso.
“Pedir la conversión de acción significa decirle al juez vamos a seguir el proceso penal contra el coronel Peña sin el Ministerio Público, solamente como acusadores particulares”, explicó.
La autoridad municipal apuntó que se tiene un avance de al menos 30 por ciento en el juicio que ya convocó a 15 audiencias entre suspendidas y efectivas. La próxima será el jueves 15 de noviembre.
SENTENCIA CONDENATORIA
Quisberth informó que en el caso existen ya siete sentencias ejecutoriadas, entre ellos, dos menores y otros cinco dirigentes de las juntas escolares que se acogieron a proceso abreviado.
“A estas siete personas se les ha impuesto una sentencia condenatoria por el delito de homicidio y por destrucción y deterioro de Bienes del Estado, se los ha sancionado a cinco años de reclusión y esas sentencias están ejecutoriadas, es decir no se ha apelado a las mismas, por lo tanto al día de hoy la prosecución del juicio oral que tenemos solamente es contra 11 personas”, indicó.
“NO TENGO RESPONSABILIDAD”
A su turno, el coronel Peña aseguró que como comandante de la Policía de El Alto cumplió su labor como lo disponen sus reglamentos y no tiene nada de qué arrepentirse porque siempre trabajó en el marco de la ley, brindando seguridad a la ciudadanía.
Aseguró que los artículos que le atribuyen como faltas disciplinarias se están desvirtuando por las declaraciones de los testigos, ya que ninguno mencionó de manera concreta de todo lo sucedido en cuanto a su accionar como comandante.
“No hay elemento objetivo y real que pueda demostrar que yo haya podido cometer faltas, por otro lado, lamentablemente por la forma en que lo han expuesto, tiene más un cariz político y no de responsabilidad hacia la Policía o mi persona”, dijo.
Aseguró que él como autoridad policial en la urbe alteña no recibió ninguna llamada telefónica de la Alcaldesa ni en esa oportunidad, ni antes, por lo que considera que no hubo una buena coordinación institucional.
“En todas las anteriores protestas sociales, de cualquier sector, en el municipio de 80 a 100 guardias municipales se encontraban brindando seguridad de la instalación, no del control del conflicto social, sino de sus instalaciones. Curiosamente ese día no estaban, y yo me enteré cuando estuve supervisando en el sector del peaje”, dijo.
En ese marco, explicó que recibió una llamada del coronel Nelson Santander, el más antiguo declarado en comisión al Gamea, quien le comentó que los marchistas estaban agresivos y que no había guardias del municipio, por lo que le instruyó se constituya a resguardar el municipio.
“Fue a orden mía a la puerta del municipio a resguardarlo, porque el resto no podía llegar por el caos vehicular que había, y porque fueron agredidos por la turba, yo mismo me dirigí al lugar desde el peaje de la autopista a pie”, explicó.
HECHOS
El 17 de febrero de 2016, se incendió y saqueó la Alcaldía de la ciudad de El Alto, el saldo fue la pérdida de seis funcionarios municipales: Rosmery Mamani, Ana María Apaza, José Ortiz, Javier Mollericona, Juan Laura, Gloria Calle, además de 26 heridos.
El entonces viceministro de Regimen Interior, Marcelo Elio, fue identificado en la escena del crimen.
Dos dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) con detención preventiva: El excandidato a concejal Wilmer Sarzuri y Braulio Rocha, dirigente gremial del MAS, este públicamente señaló “voy a ser tu pesadilla por el resto de tu vida” en directa amenaza a Soledad Chapetón.
Tuesday, November 6, 2018
Mendoza vulnera CPE y Ley 101
Constitución Política del Estado, artículo 251, parágrafo II: “Como institución, no delibera ni participa en acción política partidaria, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley”.
Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía, artículo 11, sanciona con 4 a 10 días de arresto exhibirse públicamente de uniforme en actos que menoscaben el prestigio institucional, hecho que está tipificado como una falta leve y con llamada de atención escrita.
“Desde ningún punto de vista se ha violado ningún precepto constitucional porque definitivamente no me han visto ustedes hacer un spot publicitario, haciendo propaganda política, no estuve repartiendo boletines a favor de uno y otro partido político, lo único que reitero y pido por favor a esa gente malintencionada (es que) no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada”, dijo el comandante general de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza.
La Policía, en varias oportunidades en la plaza Murillo, reprimió con violencia actos y manifestaciones de activistas de las plataformas y colectivos ciudadanos que defienden el 21F. En contraste, en el mismo lugar permitió manifestaciones a favor del MAS.
Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía, artículo 11, sanciona con 4 a 10 días de arresto exhibirse públicamente de uniforme en actos que menoscaben el prestigio institucional, hecho que está tipificado como una falta leve y con llamada de atención escrita.
“Desde ningún punto de vista se ha violado ningún precepto constitucional porque definitivamente no me han visto ustedes hacer un spot publicitario, haciendo propaganda política, no estuve repartiendo boletines a favor de uno y otro partido político, lo único que reitero y pido por favor a esa gente malintencionada (es que) no hay palabra mal dicha, sino mal interpretada”, dijo el comandante general de la Policía Boliviana, Faustino Mendoza.
La Policía, en varias oportunidades en la plaza Murillo, reprimió con violencia actos y manifestaciones de activistas de las plataformas y colectivos ciudadanos que defienden el 21F. En contraste, en el mismo lugar permitió manifestaciones a favor del MAS.
Piden sanción para Comandante de Policía y Romero lo respalda
El Movimiento al Socialismo (MAS) planteó que el ministro de Gobierno, Carlos Romero, sancione al comandante nacional de la Policía, general Faustino Mendoza, por emitir una postura política a favor del gobierno de Evo Morales, mientras que la autoridad del Ejecutivo respaldó la decisión que tomó el representante del verde olivo.
“Las inclinaciones políticas en función de las autoridades policiales y militares las tenemos que llevar de manera discreta, pueden ser militantes pero cuando son autoridades no pueden emitir esos criterios porque deben acatar la Constitución y la Ley Orgánica. Bajo esa situación debe haber una llamada de atención por parte del Ministerio de Gobierno por haber expresado públicamente su respaldo al proceso de cambio”, señaló el diputado del MAS, Sergio Choque.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, justificó y respaldó las declaraciones del Comandante Nacional de la Policía, indicando que esta institución tiene mucho que celebrar, porque fue la instancia más potenciada tecnológicamente durante los más de 12 años del gobierno del MAS.
“¿Cómo no va a estar contenta la Policía y expresar su reconocimiento al proceso de cambio? si realmente es una de las instituciones que más ha sido potenciada y modernizada en este país en los últimos años”, defendió Romero.
Durante un acto de entrega de equipos a la institución del orden, el general Mendoza mostró su adhesión y de toda la tropa policial, que consta de 37.000 integrantes, al “proceso de cambio” que lidera el presidente Evo Morales desde el 2006.
Mendoza aseguró que la Policía Boliviana respalda el “proceso de cambio, que es histórico y que tenemos que apoyar con la verdad y no con la mentira”.
Es el segundo comandante policial que muestra su apoyo al MAS, en diciembre de 2017, el entonces, comandante de la entidad, Abel de la Barra, también mostró su apego por el partido oficialista. El hecho fue en la concentración en el departamento de Cochabamba donde se proclamó a Evo Morales como candidato para las elecciones generales del 2019. Ahora De la Barra enfrenta denuncias y juicios penales por uso indebido de influencias.
VULNERACIÓN
Por su parte, un policía en retiro que pidió reserva en su nombre, señaló que el Comandante nacional vulneró la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. Al igual que las Fuerzas Armadas, no pueden participar ser parte de hechos ni declaraciones político partidarias. Resaltó que esa institución está al servicio de la población y no de un determinado Gobierno.
“Esas declaraciones deben ser sancionadas en base a aspectos disciplinarios, porque no puede comprometer a la institución de forma política, esta normado por la Constitución Política del Estado y la actual Ley 101 de Régimen Disciplinario. Esperemos que el comandante pueda explicar ese lapsus que tuvo al inmiscuir a la institución del orden”, cuestionó la fuente.
En el parágrafo II del artículo 251 del capítulo segundo de la CPE establece que la Policía Boliviana “como institución no deliberan ni participan en acto político partidarios. De forma individual, los miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley.
De acuerdo al artículo 11 de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía se sanciona con 4 a 10 días de arresto exhibirse públicamente de uniforme en actos que menoscaben el prestigio institucional, hecho que está tipificado como una falta leve y con llamada de atención escrita.
PREBENDAS
Por su parte, el senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, indicó que el Gobierno está dando regalos a los diversos sectores como una forma de prebenda electoral. A su criterio, el partido oficialista quiere recuperar a sus simpatizantes para que en las elecciones generales de octubre del 2019 los beneficie con su votación.
Estas declaraciones surgen después de que el presidente Evo Morales entregó un centro de mantenimiento de vehículos policiales y equipamiento para la Unidad de Bomberos en la ciudad de Potosí. Al respecto, Mendoza elogió la dotación de todos esos equipos son hechos y no palabras que son muestras de “verdaderos procesos de cambio que estamos viviendo en nuestro Estado Plurinacional”.
“En el Gobierno de la (época de la) República nuestro parque automotor no pasaba de 30 vehículos. Hoy por hoy, como dice el hermano Alcalde de Potosí, en más de 12 años de un verdadero proceso de refundación de nuestro Estado, Potosí cuenta con 401 vehículos policiales (...), esos son hechos, eso es realidad”, insistió.
Un representante de la Asociación de la Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y Policías (Anssclapol), quien prefirió mantener en reserva su nombre, dijo que el rol de la institución del orden es imparcial y sin tinte político.
“Yo le recuerdo al señor Comandante que se ponga el uniforme y el verde olivo que nos corresponde, nosotros no somos de color político”, indicó el presentante a radio Loyola Fides de Sucre.
En se mismo marco, Vargas indicó que muchos de sus camaradas se comunicaron con él para hacer conocer su molestia, el policía en retiro prefirió mantener en el anonimato a sus compañeros por temor a represalias.
“Las inclinaciones políticas en función de las autoridades policiales y militares las tenemos que llevar de manera discreta, pueden ser militantes pero cuando son autoridades no pueden emitir esos criterios porque deben acatar la Constitución y la Ley Orgánica. Bajo esa situación debe haber una llamada de atención por parte del Ministerio de Gobierno por haber expresado públicamente su respaldo al proceso de cambio”, señaló el diputado del MAS, Sergio Choque.
Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, justificó y respaldó las declaraciones del Comandante Nacional de la Policía, indicando que esta institución tiene mucho que celebrar, porque fue la instancia más potenciada tecnológicamente durante los más de 12 años del gobierno del MAS.
“¿Cómo no va a estar contenta la Policía y expresar su reconocimiento al proceso de cambio? si realmente es una de las instituciones que más ha sido potenciada y modernizada en este país en los últimos años”, defendió Romero.
Durante un acto de entrega de equipos a la institución del orden, el general Mendoza mostró su adhesión y de toda la tropa policial, que consta de 37.000 integrantes, al “proceso de cambio” que lidera el presidente Evo Morales desde el 2006.
Mendoza aseguró que la Policía Boliviana respalda el “proceso de cambio, que es histórico y que tenemos que apoyar con la verdad y no con la mentira”.
Es el segundo comandante policial que muestra su apoyo al MAS, en diciembre de 2017, el entonces, comandante de la entidad, Abel de la Barra, también mostró su apego por el partido oficialista. El hecho fue en la concentración en el departamento de Cochabamba donde se proclamó a Evo Morales como candidato para las elecciones generales del 2019. Ahora De la Barra enfrenta denuncias y juicios penales por uso indebido de influencias.
VULNERACIÓN
Por su parte, un policía en retiro que pidió reserva en su nombre, señaló que el Comandante nacional vulneró la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana. Al igual que las Fuerzas Armadas, no pueden participar ser parte de hechos ni declaraciones político partidarias. Resaltó que esa institución está al servicio de la población y no de un determinado Gobierno.
“Esas declaraciones deben ser sancionadas en base a aspectos disciplinarios, porque no puede comprometer a la institución de forma política, esta normado por la Constitución Política del Estado y la actual Ley 101 de Régimen Disciplinario. Esperemos que el comandante pueda explicar ese lapsus que tuvo al inmiscuir a la institución del orden”, cuestionó la fuente.
En el parágrafo II del artículo 251 del capítulo segundo de la CPE establece que la Policía Boliviana “como institución no deliberan ni participan en acto político partidarios. De forma individual, los miembros gozan y ejercen sus derechos ciudadanos, de acuerdo con la ley.
De acuerdo al artículo 11 de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía se sanciona con 4 a 10 días de arresto exhibirse públicamente de uniforme en actos que menoscaben el prestigio institucional, hecho que está tipificado como una falta leve y con llamada de atención escrita.
PREBENDAS
Por su parte, el senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, indicó que el Gobierno está dando regalos a los diversos sectores como una forma de prebenda electoral. A su criterio, el partido oficialista quiere recuperar a sus simpatizantes para que en las elecciones generales de octubre del 2019 los beneficie con su votación.
Estas declaraciones surgen después de que el presidente Evo Morales entregó un centro de mantenimiento de vehículos policiales y equipamiento para la Unidad de Bomberos en la ciudad de Potosí. Al respecto, Mendoza elogió la dotación de todos esos equipos son hechos y no palabras que son muestras de “verdaderos procesos de cambio que estamos viviendo en nuestro Estado Plurinacional”.
“En el Gobierno de la (época de la) República nuestro parque automotor no pasaba de 30 vehículos. Hoy por hoy, como dice el hermano Alcalde de Potosí, en más de 12 años de un verdadero proceso de refundación de nuestro Estado, Potosí cuenta con 401 vehículos policiales (...), esos son hechos, eso es realidad”, insistió.
Un representante de la Asociación de la Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y Policías (Anssclapol), quien prefirió mantener en reserva su nombre, dijo que el rol de la institución del orden es imparcial y sin tinte político.
“Yo le recuerdo al señor Comandante que se ponga el uniforme y el verde olivo que nos corresponde, nosotros no somos de color político”, indicó el presentante a radio Loyola Fides de Sucre.
En se mismo marco, Vargas indicó que muchos de sus camaradas se comunicaron con él para hacer conocer su molestia, el policía en retiro prefirió mantener en el anonimato a sus compañeros por temor a represalias.
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