Sunday, June 30, 2019

Policía desbloqueó carretera a Yungas

Cocaleros denuncian cacería con perros y heridos sin socorrer > Defensoría del Pueblo media cuarto intermedio para iniciar negociaciones


Un contingente de más de mil policías fuertemente pertrechados y con canes entrenados intervino el bloqueo a la carretera a Yungas en la región de Santa Bárbara, los productores de coca movilizados huyeron a las serranías, varios fueron heridos y sin posibilidades de socorro, denució ayer el dirigente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, Reymundo Pucho.

“Han vendido a cazarnos con sus perros como a animales. Están encima de las lomas (policías) y nosotros hemos tenido que correr al monte. Están viniendo a cazarme a mi porque soy dirigente (…)”, afirmó Pucho en declaraciones a una estación de radio de los Yungas, quien además llamó a la calma y pacificación del lugar abriendo la posibilidad de un cuarto intermedio en su medida de presión a fin de cesar la situación de violencia en el lugar del bloqueo.

En tanto, el abogado de Adepcoca, Omar Durán, manifestó la preocupación de ese sector por actuación del Gobierno que no cesa en su intento de tomar el control del ente aglutinador de los productores de coca de los Yungas. Entretanto, los productores de coca de los Yungas no proveerán la hoja al mercado de La Paz.

“Estamos más preocupados por la cantidad de abusos de la Policía en Yolosita, donde han soltado gran cantidad de perros al monte. Los perros han sido soltados para que ataquen a los cocaleros, pero hay mujeres, niños, mujeres embarazadas y ancianos”, señaló al referir que también son pobladores del lugar movilizados.

Ante el peligro de una escalada de violencia señaló que en contacto con la Defensoría del Pueblo, se planteó la posibilidad de un cuarto intermedio y la posibilidad de un diálogo. El abogado refirió reportes de dirigentes en sentido de que varios cocaleros estarían afectados por el uso de detonantes utilizados por los efectivos policiales pero que no existe posibilidad de ayudarlos ni de que ingresen ambulancias.

DIÁLOGO

En tanto, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, afirmó que efectuadas las consultas a las autoridades del Ministerio de Gobierno quienes manifestaron su predisposición de iniciar el diálogo, inclusive en el lugar de las movilizaciones a fin de llegar a un entendimiento serio.

“Hemos hecho las consultas, los cocaleros de base deben dar una respuesta al planteamiento de sus dirigente. El inicio del diálogo podría ser mañana (hoy) domingo” señaló.

CARRETERA HABILITADA

El comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Jorge Pizarro, informó que la carretera a los Yungas de La Paz quedó totalmente liberada luego de un intenso operativo que duró toda la noche del viernes y madrugada de ayer.

“Hemos consolidado el desbloqueo, la circulación de vehículos es de forma normal, hemos trabajado estos cuatro días; anoche hemos estado toda la noche para consolidar el desbloqueo”, declaró el jefe policial a radio FM Bolivia.


Saturday, June 22, 2019

Presentarán denuncia penal por robo agravado

El abogado de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Omar Durán, anunció que la institución presentará una denuncia penal por robo agravado y otros delitos, por los objetos de valor que desaparecieron y destrozos suscitados durante la intervención de la Policía en la sede de los cocaleros de Yungas.

El viernes por la madrugada, un fuerte contingente policial irrumpió en la sede de Adepcoca, ubicada en Villa Fátima, con equipo antimotines para requisar el inmueble.

El abogado Durán afirmó que la intervención policial no tuvo orden de allanamiento, ni tampoco de aprehensión. Dijo que el contingente entró a la sede “al estilo delincuente”.

“Lo único que ha hecho la Policía es entrar a cometer delitos, porque nos han entrado a robar, han hecho un robo agravado, donde se han robado los televisores, que yo no sé qué factor de investigación pueden tener, se han robado las computadoras, los discos duros, se han robado más de 200 mil bolivianos, por lo que nos informan los dirigentes que han manejado el dinero de la carnetización, de la secretaría de Adepcoca se han robado de la caja chica casi 20 mil bolivianos, han roto puertas”, describió Durán en contacto con Erbol.

El jurista señaló que la denuncia penal por el robo no tendrá un acusado específico y que es labor de la Fiscalía individualizar a los responsables. Agregó que, con la demanda, también se pretende recuperar el dinero sustraído que fue recaudado de los socios por la recarnetización.

Según indicó, el argumento de la Policía para ingresar sin orden es que se realizó una “acción directa”, porque tenía información de que había una mochila con dinamita dentro de la sede.

El coronel William Cordero, director nacional de la fuerza anticrimen, presentó cuatro masas de dinamita que aseguró fueron encontradas en las instalaciones de Adepcoca durante la intervención. El jefe policial negó que los agentes se hayan llevado algo más.

El abogado de Adepcoca dijo que la Policía tendrá que comprobar en qué oficina encontró los explosivos, puesto que debe tener registro fotográfico de ser verdad su afirmación.

Calificó de irrisoria la versión policial, porque de acuerdo a su experiencia como militar observó que esas cuatro masas de dinamita eran realidad un cachorro dividido en cuatro partes. Dijo que la Policía quiere exagerar.

Durán afirmó que el objetivo del operativo es político para debilitar a la Adepcoca y refundar a la organización con orientación masista.

Policía intervino oficinas de Adepcoca sin orden judicial

Sin una orden judicial de allanamiento y de manera violenta, ayer al promediar las cinco de la mañana, más de 400 policías intervinieron la sede de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) en la ciudad de La Paz, informó Francisco Tarqui, Secretario Vocal de esa institución.

“No tenían una orden fiscal, actuaron de manera violenta, usaron gases lacrimógenos. Con golpes y patadas, más de 400 policías ingresaron a destrozas las instalaciones de Adepcoca, no respetaron a los niños ni mujeres que descansaban al interior. Asaltaron la oficina de Franclin Gutiérrez, que desde su aprehensión no se volvió abrir”, denunció el dirigente cocalero.

Según Tarqui, los policías ingresaron a instalaciones de Informática, donde se llevaron tres laptops, dos impresoras y gran cantidad de documentos. Además de Bs. 200.000, dinero recaudado por la renovación y actualización de documentos de los afiliados de esa institución cocalera.

El abogado de Adepcoca, Omar Durán denunció la forma “irregular” con la que funcionarios de la entidad del orden allanaron la institución en un día feriado y afirmó que la acción es orden directa del Gobierno. “La Policía no actúa sola, lo hace por órdenes superiores, en este caso del Poder Ejecutivo”.

Aseguró que el objetivo policial era detener a los dirigentes cocaleros y “sembrar pruebas” que los vincule con alguna irregularidad.

“Se llevaron sellos, pies de firmas y hojas en blanco con membrete de la institución, eso con el fin de sembrar pruebas e inculpar a los dirigentes cocaleros”, informó.

Según el Durán, también se habrían llevado tres discos duros y varias computadoras, además de intentar detener al Inspector de Adepcoca y otro ciudadano que intentó resguardar los equipos informáticos.

Aseguró que gracias al auxilio oportuno de los afiliados que descansaban al interior de la institución, la Policía no logró llevarse más cosas y menos detener a sus dirigentes, “no esperaban encontrar esa cantidad de personas, ante la alarma de la intervención abusiva, los policías terminan huyendo como delincuentes”.

Durán recordó que cuando existe una Orden Judicial de allanamiento, la Policía actúa de manera clara y honesta y no anda escondiéndose de la de las cámaras, menos de la población.

“¿Cómo van a ingresar en la madrugada y feriado? Sólo los delincuentes actúan así, Adepcoca está en emergencia”, protestó.

En criterio del abogado, todas estas acciones son parte de una estrategia del Gobierno, que busca amedrentar a los dirigentes y dividir la institución, “ellos quieren destruir al movimiento cocalero, porque son una piedra en su zapato, es la Adepcoca es la asociación más grande de Bolivia que está en contra de (presidente) Evo Morales y su re postulación”, aseguró.

“Denunciaremos el atropello, en los Yungas saben que los dirigentes de Adepcoca son perseguidos, nos quieren intimidar y encarcelar. Quieren tomar la institución con gente a favor del Gobierno, para hacer campaña política a favor del Movimiento al Socialismo (Mas)”, aseguró el Secretario Vocal Tarqui.

Las denuncias se fundamentarían en la creación de asociaciones paralelas a Adepcoca y la apertura de nuevos mercados de coca controladas por gente a fin al ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

“Quieren crear otro en la zona Chuquiaguillo, La Paz, pero los únicos reconocidos son el de Sacaba en Cochabamba y Adepcoca”, aseguró que con esos predios de comercio de coca se fomenta el narcotráfico en la sede de Gobierno.

Por su lado, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), William Cordero, aseguró ayer que no se realizó un allanamiento en Adepcoca, al contrario, fue un “trabajo de inteligencia” que se viene desarrollando después de la muerte de secretario de Hacienda del Consejo de las Federaciones Campesinas de Los Yungas (Cofecay), Eduardo Apaza.


Wednesday, June 19, 2019

Cadetes muertos en Anapol Familiares: “siete años exigiendo justica”

El próximo 10 de julio se realizará la reconstrucción del hecho. Ayer se llevó a cabo la inspección ocular

En el marco del trágico hecho que ocurrió el 22 de junio de 2012, cuando tres cadetes perdieron la vida al caer de un segundo piso a consecuencia del colapso de una baranda de seguridad en la Academia Nacional de Policías (Anapol); familiares de los fallecidos continúan exigiendo justicia siete años después, informó ayer el abogado de las víctimas, Pedro Maldonado.

“Las gradas no eran firmes, los cadetes de segundo año fueron obligados a bajar por ellas, otro implicado impuso a los cadetes de primer año a subir por las mismas gradas, ocasionando una colisión en el centro lo que ocasionó el desplome de las barandas, expulsando del segundo piso al suelo a los tres cadetes que perdieron la vida”, relató el jurista.

Ayer se realizó la Inspección Técnica Ocular (ITO), en la Anapol, donde se evidenció la precariedad e inestabilidad de las gradas donde ocurrió el hecho. “El Ministerio Público solicitó la ITO, donde se pudo explicar cómo los tres cadetes hubieran sido obligados a utilizar las escaleras por los tres sospechoso”, declaró el fiscal asignado, William Guarachi.

Los principales sospechosos, entonces cadetes y ahora oficiales en ejercicio, implicados en el hecho son Jorge Ramos C., Félix Iriarte U. y Michael Teran, investigados por homicidio culposo, etapa preocesal que aún no concluye, señaló el abogado de la defensa.

De acuerdo con lo anunciado, la reconstrucción de los hechos se realizara el próximo 11 de julio, a cuyo acto judicial deberán asistir los tres policías implicados en el caso.

El fiscal a cargo de las investigaciones explicó que en la etapa preparatoria de la investigación se identificó a los tres posibles responsables del hecho. Sin embargo, en la realización de la ITO el Ministerio Publico no encontró irregularidades, pero si omisiones por parte de las exautoridades policiales que permitieron que cadetes circulen por gradas que no eran las indicadas.


Informe de Fiscalía 105 policías implicados en actos de narcotráfico

Un informe de la Fiscalía General del Estado develó que durante los últimos 13 años se registraron 105 policías de diferentes rangos involucrados en hechos de narcotráfico. Del total de las denuncias solo existen 14 sentencias condenatorias, ninguna de estas es contra un funcionario del alto rango.

“Nosotros hemos pedido esta información en abril y nos debían responder los primeros días de mayo, pero recién nos llegó la información y es muy preocupante esta situación. Se puede ver que la justicia no está cumpliendo con su labor, solo está castigando a los policías de bajo rango y no a los altos mandos, hay una protección hacia estos oficiales”, cuestionó el legislador.

Según la información proporcionada por la Fiscalía General 105 efectivos fueron denunciados, de los cuales 42 están acusados, 16 fueron rechazados, 15 están imputados, 13 tienen sentencia ejecutoriada, sobre nueve casos no hay información del estado procesal. En la misma lista se puede observar que existen 7 policías que han sido absueltos y 3 fueron sobreseídos.

CIFRAS

En el eje troncal se presentan la mayor cantidad de los procesos: En Cochabamba se registraron 33 policías involucrados por narcotráfico, de los cuales tres fueron sentenciados; en Santa Cruz, 22 investigados y uno con condena; en La Paz existe 19 funcionarios policiales investigados y ninguno con dictamen condenatorio.

El mismo informe señala que el general de la policía René Sanabria solo tiene una acusación formal. Este funcionarios protagonizó uno de los casos que dejó en vilo a la institución del orden. El proceso comenzó en el 2011, cuando fue detenido en Panamá en posesión de 40 kilos de cocaína. Cumple una sentencia de 14 años de prisión dictada por la justicia de ese país.

Sobre el último escándalo que envolvió a jefes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Núñez cuestionó que el Ministerio Público no les otorgó la información de los antecedentes penales del coronel Gonzalo Medina, y el capitán Fernando Moreira, ambos dados de baja de la entidad, porque el proceso está en investigación y es reservado.

Ambos oficiales fueron vinculados con uno de los capos del narcotráfico, Pedro Montenegro. Otro exjefe vinculados con narcos es el general Oscar Nina, excomandante de la Policía y exjefe de la Fuerzas Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. A este último se lo vinculó con el capo del narcotráfico mexicano, Chapo Guzmán.

Thursday, June 13, 2019

DECRETO PRESIDENCIAL N° 3784 - Designar al Gral. Cmdte. RÓMULO LUIS DELGADO RIVAS, como COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA

DECRETO PRESIDENCIAL N° 3784
EVO MORALES AYMA
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
CONSIDERANDO:
Que el Parágrafo I del Artículo 251 de la Constitución Política del Estado, dispone que la Policía Boliviana como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano,  ejerciendo la función policial de manera integral, indivisible y bajo mando único, en conformidad con la Ley Orgánica de la Policía Nacional y las demás leyes del Estado.
Que el Artículo 252 del Texto Constitucional, establece que las Fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno.
Que el Artículo 13 de la Ley N° 734, de 8 de abril de 1985, Orgánica de la Policía, señala que para desempeñar las funciones de Comandante General de la Policía Boliviana, es requisito tener el grado de General de Policía.
Que de conformidad al numeral 18 del Artículo 172 de la Constitución Política del Estado, concordante con el Artículo 14 de la Ley N° 734, es atribución del Presidente del Estado designar al Comandante General de la Policía Boliviana.
Que por Resolución Camaral N° 118/2018-2019, de 10 de enero de 2018, la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado Plurinacional de Bolivia, ratifica el ascenso entre otros del Cnl. DESP. Rómulo Luis Delgado Rivas, al grado de General de la Policía Boliviana.
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.-
I.            Designar al Gral. Cmdte. RÓMULO LUIS DELGADO RIVAS, como COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA, quien tomará posesión del cargo en el día conforme a disposiciones legales en vigencia.
II.          Se abroga el Decreto Presidencial N° 3757, de 24 de diciembre de 2018.

Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la ciudad de La Paz, a los veinticuatro días del mes de enero del año dos mil diecinueve.
FDO. EVO MORALES AYMA, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz.

Monday, June 3, 2019

Subcomandante de Policía pidió pasar a servicio pasivo



El subcomandante de la Policía Boliviana, general Eduardo Rivera Y., solicitó al Comando General su pase al servicio pasivo “letra C, de Reserva” por motivos familiares y de salud que requieren de su atención; la petición formal se la realizó a través de un memorial fechado el 27 de mayo y fue remitido la pasada semana.

Según una nota publicada por la agencia noticiosa Fides, la autoridad del Alto Mando policial expresa su determinación de pasar a filas del personal de reserva.

“El motivo por el que me permito molestar su atención es para hacerle conocer que en la actualidad me encuentro con la necesidad de poder atender asuntos de índole personal, de salud y familiar que requieren mi presencia para ser solucionados”, señala el documento publicado.

“Por lo que, con el debido respeto, tengo a bien pedir a su autoridad pueda disponer, a través de la Dirección Nacional de Personal del Comando General de la Policía Boliviana, se pueda dar curso a mi solicitud de pase a la Letra C de Disponibilidad, petición que solicito de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado (…)”, dice en su petitorio.

El general Eduardo Rivero fue posesionado en el cargo, de subcomandante de la Policía Boliviana, el pasado 10 de abril, en reemplazo del general Wiler Andrade, quien se alejó de la institución tras haberse desatado una serie de escándalos vinculados a hechos de corrupción que aún se investigan.

Desde inicios de la gestión 2019, la Policía Boliviana ha sido protagonista de escandalosos hechos de corrupción que involucran a altos jefes policiales, por los que el Alto Mando expresó su profunda preocupación.

Proponen analizar costo del ejercicio de policía profesional

La labor demanda un costo promedio de Bs 8.000 anual, según oficiales y dirigente de las esposas de policías, Ruth Nina > “Optar por la carrera policial es decidir por una profesión que exige inversión como todas, pero esta termina beneficiando al Estado”, refirió el coronel René Calla

Las reformas a la Policía Boliviana deben analizar y ajustar el costo económico que implica ejercer como policía profesional, considerando que los pertrechos, uniformes y equipamiento en el caso de las unidades operativas demandan un gasto promedio de Bs 8.000 anuales, monto que es asumido de manera particular por los efectivos, según reveló el coronel René Calla, vicepresidente del Centro de Generales, Jefes y Oficiales del servicio pasivo policial.

Los costos del pregrado de la carrera policial, al igual que en todas las profesiones son asumidos por los estudiantes, tanto por los cadetes como por los de las Escuela Básica de Policías (Esbapol), pero una vez egresados la inversión para su equipamiento es mucho mayor respecto del salario que perciben Bs 2.200 y Bs 2.500.

Calla señaló que debe ser el Estado el proveedor del equipamiento necesario para un adecuado cumplimiento de sus funciones, pero lamentablemente el policía debe buscar sus propios recursos económicos para su equipamiento personal, que consiste en el arma reglamentaria cuto costo es mayor a Bs 5.000, chaleco antibalas, casco, cinturón de correaje gorras, esposas (manillas), gas pimienta, además de que la confección de los uniformes deben ser pagados por los propios efectivos, siendo que el Estado les dota sólo de la tela del color institucional (verde olivo) y ningún otro accesorio.

“Cuando un cadete asciende le entregan su uniforme de salida y tiene que acondicionarlo comprando todos los accesorios; desde los botones, las insignias institucionales (ayacuchos), las botas, barbijo. Este costo implica un esfuerzo importante para los efectivos porque compran son su sueldo para beneficio del Estado, cuando el apoyo debe ser a la inversa”, remarcó Calla tras señalar, a modo de ejemplo, que solo un par de botas de la calidad necesaria para el ejercicio policial cuestan más de Bs 400.

“La dotación de equipamiento debe ser una obligación del Estado para con la Policía por lo menos una vez al año. Cuando el policía es destinado lejos de su lugar de residencia debe llevar todo, incluido el uniforme de la unidad a la que corresponde. Si fuera oriente debe comprar un nuevo uniforme y accesorios, que en promedio tienen un costo entre Bs 500 y Bs 700, esto implica un esfuerzo familiar ya no solo del policía”, agregó.

Calla aclaró que optar por la carrera policial es decidir por una profesión que exige una inversión, pero esa inversión termina beneficiando al Estado. “Si el policía tuviera mejores condiciones de trabajo no tendría la necesidad de pedir dotación, excepto el armamento que sí debe asumir el Estado porque no es para defensa personal”, señaló.

REGLAMENTO DE UNIFORMES


El Reglamento de Uniformes de la Policía Nacional (Boliviana) en vigencia aprobado mediante Resolución Suprema Nº 229457 del 5 de septiembre de 2008 establece el uso y formato de cada uno de los siete uniformes, con sus variaciones A y B, pero en ninguno de sus 49 artículos establece cuáles son de dotación estatal, los niveles de control de calidad que deben cumplir ni los centros autorizados para su expendio.

“Dentro de los 15 puntos del llamado ‘Fortalecimiento a la Policía Boliviana’ se debe analizar este aspecto que también hace al desempeño de los policías en todos los aspectos donde están presentes”, apuntó Calla.

RESPONSABILIDAD ESTATAL


La presidenta de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos, Clases y Policías (Ansclapol), actual candidata a presidenta del Estado por PAN –BOL, Ruth Nina, señaló que la dotación de uniformes para la Policía Boliviana es una responsabilidad del Estado, pero no asume esta obligación.

“Cuando hay un conflicto los policías tienen que ir sin importar las condiciones de seguridad que enfrentan, si no compró su arma va sin arma, si no tiene chaleco igual tiene que ir. Es decir tiene que ir desarmado. Solo un chaleco antibalas de mediana calidad cuesta por encima de $us 100 que el policía debe comprarse para precautelar su integridad pensando en su familia. Es un aspecto que poco o nada le interesa al Gobierno”, apuntó Nina.

A diferencia de mejorar la calidad de vida de los policías, el Gobierno plantea su desmilitarización, lo que empeora la situación y no aporta con respuestas efectivas y sostenibles.

A decir de Nina, el Gobierno pretendería “… quitarle el uniforme, el grado y el arma, esto quiere decir que quieren convertir a la Policía en una institución civil que investigará solo lo que les interese”, señaló.



Video Un general de la Policia en No Mentiras nos habla de por que es tan corrupta

Video Qué cambiaria usted en la policia boliviana?