Las reformas a la Policía Boliviana deben analizar y ajustar el costo económico que implica ejercer como policía profesional, considerando que los pertrechos, uniformes y equipamiento en el caso de las unidades operativas demandan un gasto promedio de Bs 8.000 anuales, monto que es asumido de manera particular por los efectivos, según reveló el coronel René Calla, vicepresidente del Centro de Generales, Jefes y Oficiales del servicio pasivo policial.
Los costos del pregrado de la carrera policial, al igual que en todas las profesiones son asumidos por los estudiantes, tanto por los cadetes como por los de las Escuela Básica de Policías (Esbapol), pero una vez egresados la inversión para su equipamiento es mucho mayor respecto del salario que perciben Bs 2.200 y Bs 2.500.
Calla señaló que debe ser el Estado el proveedor del equipamiento necesario para un adecuado cumplimiento de sus funciones, pero lamentablemente el policía debe buscar sus propios recursos económicos para su equipamiento personal, que consiste en el arma reglamentaria cuto costo es mayor a Bs 5.000, chaleco antibalas, casco, cinturón de correaje gorras, esposas (manillas), gas pimienta, además de que la confección de los uniformes deben ser pagados por los propios efectivos, siendo que el Estado les dota sólo de la tela del color institucional (verde olivo) y ningún otro accesorio.
“Cuando un cadete asciende le entregan su uniforme de salida y tiene que acondicionarlo comprando todos los accesorios; desde los botones, las insignias institucionales (ayacuchos), las botas, barbijo. Este costo implica un esfuerzo importante para los efectivos porque compran son su sueldo para beneficio del Estado, cuando el apoyo debe ser a la inversa”, remarcó Calla tras señalar, a modo de ejemplo, que solo un par de botas de la calidad necesaria para el ejercicio policial cuestan más de Bs 400.
“La dotación de equipamiento debe ser una obligación del Estado para con la Policía por lo menos una vez al año. Cuando el policía es destinado lejos de su lugar de residencia debe llevar todo, incluido el uniforme de la unidad a la que corresponde. Si fuera oriente debe comprar un nuevo uniforme y accesorios, que en promedio tienen un costo entre Bs 500 y Bs 700, esto implica un esfuerzo familiar ya no solo del policía”, agregó.
Calla aclaró que optar por la carrera policial es decidir por una profesión que exige una inversión, pero esa inversión termina beneficiando al Estado. “Si el policía tuviera mejores condiciones de trabajo no tendría la necesidad de pedir dotación, excepto el armamento que sí debe asumir el Estado porque no es para defensa personal”, señaló.
REGLAMENTO DE UNIFORMES
El Reglamento de Uniformes de la Policía Nacional (Boliviana) en vigencia aprobado mediante Resolución Suprema Nº 229457 del 5 de septiembre de 2008 establece el uso y formato de cada uno de los siete uniformes, con sus variaciones A y B, pero en ninguno de sus 49 artículos establece cuáles son de dotación estatal, los niveles de control de calidad que deben cumplir ni los centros autorizados para su expendio.
“Dentro de los 15 puntos del llamado ‘Fortalecimiento a la Policía Boliviana’ se debe analizar este aspecto que también hace al desempeño de los policías en todos los aspectos donde están presentes”, apuntó Calla.
RESPONSABILIDAD ESTATAL
La presidenta de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos, Clases y Policías (Ansclapol), actual candidata a presidenta del Estado por PAN –BOL, Ruth Nina, señaló que la dotación de uniformes para la Policía Boliviana es una responsabilidad del Estado, pero no asume esta obligación.
“Cuando hay un conflicto los policías tienen que ir sin importar las condiciones de seguridad que enfrentan, si no compró su arma va sin arma, si no tiene chaleco igual tiene que ir. Es decir tiene que ir desarmado. Solo un chaleco antibalas de mediana calidad cuesta por encima de $us 100 que el policía debe comprarse para precautelar su integridad pensando en su familia. Es un aspecto que poco o nada le interesa al Gobierno”, apuntó Nina.
A diferencia de mejorar la calidad de vida de los policías, el Gobierno plantea su desmilitarización, lo que empeora la situación y no aporta con respuestas efectivas y sostenibles.
A decir de Nina, el Gobierno pretendería “… quitarle el uniforme, el grado y el arma, esto quiere decir que quieren convertir a la Policía en una institución civil que investigará solo lo que les interese”, señaló.
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