De manera provisional ayer se entregó la refacción del Comando Departamental de la Policía que tuvo un costo de 891.293 Bolivianos, monto que fue cubierto en su totalidad por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí.
El monto inicial de la obra fue de 810.023 al cual se incrementó 81.023 Bolivianos. El tiempo de ejecución, según contrato, fue de 179 días calendario. Las obras de refacción se iniciaron el 2 de febrero de 2015 y concluyeron el 29 de septiembre del presente año.
De acuerdo con los datos técnico recabados por el Potosí, la infraestructura tubo varios conflictos por la “mala” elaboración del proyecto inicial y luego existió la necesidad de aportar con un incremento del 10 por ciento al costo inicial del proyecto mediante un contrato de modificación.
La empresa solicitó 39 de días de plazo por el contrato modificatorio y 21 días de “reposición” por los conflictos sociales suscitados en la capital potosina, que hacen un total 60 días de ampliación de plazo.
La refacción contempló el mejoramiento de las cubiertas, no se tocó en absoluto las oficinas, pero se hizo una pequeña ampliación en el área de las celdas policiales. Como “regalo” la empresa habría construido los baños higiénicos.
Temas
- ANAPOL
- ANSSCLAPOL
- BOL 110
- Bomberos
- COVIPOL
- Canes Policias
- Comandante de la Policia
- DACI
- DIPROVE
- DIRCABI
- ESPABOL
- FELCC
- FELCN
- FELCV
- GACIP
- GAT
- GICE: Grupo de Investigación de Casos Especiales
- Grupo Delta
- INTERPOL
- Motin Policial
- PAC
- Perros Policias
- Policia Cibernetica
- Policias Condecorados
- Policias Ebrios
- Policias Falsos
- Policias Muertos
- Radio Patrullas 110
- SAR
- Transito
- UMOPAR
- UNIPOL
- UTOP
Wednesday, September 30, 2015
Iba en motocicleta Cable suelto cercena cuello de oficial de Policía
Un fatal accidente cobró la vida ayer en la madrugada del teniente coronel la Estación Policial Integral (EPI) de Chasquipampa, Williams Fuentes Crespo, de 44 años, quien falleció de forma instantánea, cuando en su motocicleta por la calle Adolfo Gonzales en la zona Sur de La Paz y, sorpresivamente, un cable desprendido cercenó la mitad de su cuello.
El director de la Tránsito de la zona Sur, coronel Fernando Torrico, informó que el oficial había culminado su labor en las movilizaciones que protagonizaron las juntas escolares y los universitarios de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).
Cuando retornaba en su motocicleta lamentablemente impactó contra un cable que se presume era de una empresa telefónica. Este cable estaba desprendido de su posición original a una altura de 1.50 metros del piso, dijo el director de Tránsito de la zona Sur, Fernando Torrico.
Con la poca visibilidad y tomando en cuenta que el cable es negro, el oficial no se percató del mismo. El accidente ocurrió a la 01.40 de ayer.
"El cable causó lesiones fatales en el oficial, le cercenó el cuello hasta la mitad y casi le arranca la cabeza y le cusó una muerte instantánea", dijo, tras la investigación realizada se pudo dar con el container que arracó el cable y se espera que el conductor sea investigado. El jefe policial llamó la atención de los conductores de camiones de alto tonelaje que por el tamaño arrancan estos cables y ponen en peligro a las personas.
El director de la Tránsito de la zona Sur, coronel Fernando Torrico, informó que el oficial había culminado su labor en las movilizaciones que protagonizaron las juntas escolares y los universitarios de la Universidad Pública de El Alto (UPEA).
Cuando retornaba en su motocicleta lamentablemente impactó contra un cable que se presume era de una empresa telefónica. Este cable estaba desprendido de su posición original a una altura de 1.50 metros del piso, dijo el director de Tránsito de la zona Sur, Fernando Torrico.
Con la poca visibilidad y tomando en cuenta que el cable es negro, el oficial no se percató del mismo. El accidente ocurrió a la 01.40 de ayer.
"El cable causó lesiones fatales en el oficial, le cercenó el cuello hasta la mitad y casi le arranca la cabeza y le cusó una muerte instantánea", dijo, tras la investigación realizada se pudo dar con el container que arracó el cable y se espera que el conductor sea investigado. El jefe policial llamó la atención de los conductores de camiones de alto tonelaje que por el tamaño arrancan estos cables y ponen en peligro a las personas.
Policías anuncian marcha de Oruro a La Paz
Esposas de los 140 policías, miembros del Batallón de Seguridad Física Privada de la ciudad de Oruro, anunciaron ayer iniciar desde mañana, una marcha desde esa ciudad hasta la sede de Gobierno, de no recibir una respuesta favorable respecto al pedido de dejar sin efecto la orden de destinos hacia cuatro departamentos.
Su negativa se fundamenta porque se pone en riesgo la integridad de sus familias y pretenden contar con un ítem para lograr sus beneficios sociales.
El anuncio fue hecho ayer en La Paz, por el representante de la Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y Policías (Anssclapol), sargento Pedro Ticona, quien aseguró el apoyo de los miembros de la Policía en los nueve departamentos.
Anssclapol se declaró en emergencia por este hecho y las esposas, que mantienen su vigilia en puertas de la unidad en Oruro, se presentaron en La Paz, para lograr el apoyo de sus camaradas y buscar se revoque la orden de cambio de destino de los 140 policías.
“Nos hemos declarado en emergencia nacional y si el Comando General (de la Policía) o el Viceministro actual no ponen cartas en el asunto, las esposas y los uniformados que han sido cambiados de destino estarían marchando desde Oruro hacia La Paz, este jueves. Son cambios injustos e ilegales”, afirmó.
El policía anunció esta determinación después de sostener una reunión con la representante de las esposas de policías de Oruro, Pamela Nava. Ticona aseguró que la preocupación se torna gradualmente en un problema nacional, debido a que los efectivos de otros departamentos podrían correr la misma suerte.
“Hay un malestar a nivel nacional, hemos recibido el apoyo de los hermanos del Batallón de Seguridad Física Nacional porque es un atropello lo que pasa. Los hermanos están siendo cambiados de destino y son enviados a otros departamentos a su suerte, sin un techo seguro y lejos de sus familias”, aseguró Ticona.
La orden de destino sería para los departamentos de Tarija, Potosí, Sucre y Cochabamba, por tres meses y argumentan que haciendo operaciones simples con sus gastos, los sueldos percibidos (1.700 bolivianos) no alcanzarían para cubrir gastos dobles de vivienda y alimentación.
“Si no hay respuesta positiva a nuestra demanda habrán más piquetes de huelga en la que están apoyando esposas de diferentes departamentos, y si es necesario vamos a marchar hasta la ciudad de La Paz”, advirtió ayer Betty Ajuacho.
Informaron que en Oruro, al menos 130 instituciones tienen contrato con el Batallón de Seguridad Física, las mismas, según los informaron pagan, por efectivo, entre 5.600 a 6.200 bolivianos. En tanto que el salario que perciben apenas alcanza los 2.600 a 2.700 bolivianos.
Su negativa se fundamenta porque se pone en riesgo la integridad de sus familias y pretenden contar con un ítem para lograr sus beneficios sociales.
El anuncio fue hecho ayer en La Paz, por el representante de la Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y Policías (Anssclapol), sargento Pedro Ticona, quien aseguró el apoyo de los miembros de la Policía en los nueve departamentos.
Anssclapol se declaró en emergencia por este hecho y las esposas, que mantienen su vigilia en puertas de la unidad en Oruro, se presentaron en La Paz, para lograr el apoyo de sus camaradas y buscar se revoque la orden de cambio de destino de los 140 policías.
“Nos hemos declarado en emergencia nacional y si el Comando General (de la Policía) o el Viceministro actual no ponen cartas en el asunto, las esposas y los uniformados que han sido cambiados de destino estarían marchando desde Oruro hacia La Paz, este jueves. Son cambios injustos e ilegales”, afirmó.
El policía anunció esta determinación después de sostener una reunión con la representante de las esposas de policías de Oruro, Pamela Nava. Ticona aseguró que la preocupación se torna gradualmente en un problema nacional, debido a que los efectivos de otros departamentos podrían correr la misma suerte.
“Hay un malestar a nivel nacional, hemos recibido el apoyo de los hermanos del Batallón de Seguridad Física Nacional porque es un atropello lo que pasa. Los hermanos están siendo cambiados de destino y son enviados a otros departamentos a su suerte, sin un techo seguro y lejos de sus familias”, aseguró Ticona.
La orden de destino sería para los departamentos de Tarija, Potosí, Sucre y Cochabamba, por tres meses y argumentan que haciendo operaciones simples con sus gastos, los sueldos percibidos (1.700 bolivianos) no alcanzarían para cubrir gastos dobles de vivienda y alimentación.
“Si no hay respuesta positiva a nuestra demanda habrán más piquetes de huelga en la que están apoyando esposas de diferentes departamentos, y si es necesario vamos a marchar hasta la ciudad de La Paz”, advirtió ayer Betty Ajuacho.
Informaron que en Oruro, al menos 130 instituciones tienen contrato con el Batallón de Seguridad Física, las mismas, según los informaron pagan, por efectivo, entre 5.600 a 6.200 bolivianos. En tanto que el salario que perciben apenas alcanza los 2.600 a 2.700 bolivianos.
NO ENCUENTRAN LOS DOCUMENTOS DE REGISTRO Desaparecen 700 bienes incautados
En los últimos tres años la Dircabi logró recuperar sólo 20 inmuebles en todo el país.
Mirtha Jiménez, responsable nacional de la Dirección Nacional de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), afirmó que cerca de 700 bienes inmuebles incautados al narcotráfico están desaparecidos.
La autoridad señaló que en los tres últimos años, de los más de 700 bienes, sólo se logró recuperar 20 que estaban en poder de terceras personas y con documentos, en algunos casos, ilegales.
Según la autoridad, entre los bienes incautados desaparecidos están los del italiano Marco Marino Diodato, lo que señala que los hechos de corrupción al interior de la institución continúan aflorando, pese al trabajo de transparencia que se lleva adelante..
“Hay bienes inmuebles que han desaparecido en anteriores gestiones, eso lo sabemos bien. El otro día hacíamos referencia a un bien inmueble en un edificio central de la calle Camacho en La Paz, tenía un departamento y que después apareció como propiedad de un ex político”.
DOCUMENTOS. Jiménez informó que además de la desaparición de los bienes de Diodato, como ejemplo, habría desaparecido una cantidad considerable de documentación, misma que revelaría la cantidad exacta de los bienes incautados que hay por el narcotráfico al país. En ese marco, se realiza un inventario para poder encontrar mayores datos sobre el paradero de dichas propiedades, “eran muchos los bienes que se incautaron, ahora tenemos pocos”.
MILES. En tanto un agente de inteligencia, de la fuerza antidrogas, comentó que en los últimos cinco años han desaparecido alrededor de 6.000 bienes incautados de la Dircabi. Según el informante, algunos —presuntamente— fueron devueltos a sus propietarios o entregados a terceros, todo de manera irregular.
En tanto, Jimenéz dijo que algunas de esas propiedades, que ahora están como desaparecidas, fueron entregadas “con resoluciones de los anteriores gobiernos a particulares o instituciones que no se sabe si existen o no, como viviendas, vehículos y hasta haciendas”.
Según pudo establecer La Prensa, de estos bienes debe responder también el exalcalde Édgar patana, quien recibió un inmueble, secuestrado a narcotraficantes de El Alto en la zona 12 de Octubre y dos vehículos, uno de ellos una vagoneta Montero. Estos bienes fueron transferidos en su primera gestión como dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de los que tampoco se tiene referencia en Dircabi.
LA DIRCABI ES UNA ENTIDAD QUE DEPENDE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y QUE FUE CREADA PARA ADMINISTRAR LOS BIENES QUE SE INCAUTAN AL NARCOTRÁFICO. SEGÚN DATOS DE LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 2001 A LA FECHA SE TIENEN APROXIMADAMENTE 15.000 BIENES REGISTRADOS. ENTRE CASAS Y AUTOS.
Mirtha Jiménez, responsable nacional de la Dirección Nacional de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi), afirmó que cerca de 700 bienes inmuebles incautados al narcotráfico están desaparecidos.
La autoridad señaló que en los tres últimos años, de los más de 700 bienes, sólo se logró recuperar 20 que estaban en poder de terceras personas y con documentos, en algunos casos, ilegales.
Según la autoridad, entre los bienes incautados desaparecidos están los del italiano Marco Marino Diodato, lo que señala que los hechos de corrupción al interior de la institución continúan aflorando, pese al trabajo de transparencia que se lleva adelante..
“Hay bienes inmuebles que han desaparecido en anteriores gestiones, eso lo sabemos bien. El otro día hacíamos referencia a un bien inmueble en un edificio central de la calle Camacho en La Paz, tenía un departamento y que después apareció como propiedad de un ex político”.
DOCUMENTOS. Jiménez informó que además de la desaparición de los bienes de Diodato, como ejemplo, habría desaparecido una cantidad considerable de documentación, misma que revelaría la cantidad exacta de los bienes incautados que hay por el narcotráfico al país. En ese marco, se realiza un inventario para poder encontrar mayores datos sobre el paradero de dichas propiedades, “eran muchos los bienes que se incautaron, ahora tenemos pocos”.
MILES. En tanto un agente de inteligencia, de la fuerza antidrogas, comentó que en los últimos cinco años han desaparecido alrededor de 6.000 bienes incautados de la Dircabi. Según el informante, algunos —presuntamente— fueron devueltos a sus propietarios o entregados a terceros, todo de manera irregular.
En tanto, Jimenéz dijo que algunas de esas propiedades, que ahora están como desaparecidas, fueron entregadas “con resoluciones de los anteriores gobiernos a particulares o instituciones que no se sabe si existen o no, como viviendas, vehículos y hasta haciendas”.
Según pudo establecer La Prensa, de estos bienes debe responder también el exalcalde Édgar patana, quien recibió un inmueble, secuestrado a narcotraficantes de El Alto en la zona 12 de Octubre y dos vehículos, uno de ellos una vagoneta Montero. Estos bienes fueron transferidos en su primera gestión como dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de los que tampoco se tiene referencia en Dircabi.
LA DIRCABI ES UNA ENTIDAD QUE DEPENDE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y QUE FUE CREADA PARA ADMINISTRAR LOS BIENES QUE SE INCAUTAN AL NARCOTRÁFICO. SEGÚN DATOS DE LA INSTITUCIÓN, DESDE EL 2001 A LA FECHA SE TIENEN APROXIMADAMENTE 15.000 BIENES REGISTRADOS. ENTRE CASAS Y AUTOS.
Tuesday, September 29, 2015
Joven muere en una celda de la Policía
Francisco Antonio Seas Salvatierra (23) amaneció colgado en la celda del puesto policial Toborochi, zona de la av. Virgen de Luján, donde estaba arrestado por un pleito con su expareja.
Policías informaron de que Seas fue apresado a las 23:30 del sábado a denuncia de su exmujer. Era el único ocupante del calabozo. “No tenía cinturón ni cordones en sus botas, por lo que lo dejamos encerrado.
A las 2:30 del domingo lo hallamos colgado; usó la cuerda de un short que llevaba debajo de su pantalón”, dijo un policía que prefirió el anonimato.
Elizabeth Salvatierra cree que los policías mataron a su hijo, pero el informe de la forense Carmen Quiroz indica que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por compresión externa cervical y no presenta otros signos de violencia.
Richar Cordero, jefe de la Felcc, y la fiscal Karla Barrón indicaron que hay una investigación en curso.
Policías informaron de que Seas fue apresado a las 23:30 del sábado a denuncia de su exmujer. Era el único ocupante del calabozo. “No tenía cinturón ni cordones en sus botas, por lo que lo dejamos encerrado.
A las 2:30 del domingo lo hallamos colgado; usó la cuerda de un short que llevaba debajo de su pantalón”, dijo un policía que prefirió el anonimato.
Elizabeth Salvatierra cree que los policías mataron a su hijo, pero el informe de la forense Carmen Quiroz indica que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por compresión externa cervical y no presenta otros signos de violencia.
Richar Cordero, jefe de la Felcc, y la fiscal Karla Barrón indicaron que hay una investigación en curso.
Conflicto en Oruro Esposas de policías dicen que llegarán a La Paz
Las esposas de policías del Batallón de Seguridad Física Privada (BSFP) de la ciudad de Oruro se declararon en emergencia y advirtieron que marcharán a La Paz si es que se cumple con los cambios de destinos de sus maridos.
Al menos 40 esposas de los policías iniciaron un piquete de huelga el pasado jueves en rechazo a los cambios de destinos de 140 efectivos hacia Tarija, Potosí, Sucre y Cochabamba, y argumentaron que los sueldos percibidos por sus esposos son bajos y significaría un doble gasto el cumplir con sus memorandos de destino.
"Si no hay respuestas para nuestra petición iniciaremos diferentes medidas de presión”, alegó Betty Ajuacho, esposa de uno de los policías. También informaron que las mujeres de otras ciudades apoyan el piquete de huelga y que se dirigirán hacia Oruro para que la huelga sea contundente.
"Si no hay respuesta positiva a nuestra demanda habrá más piquetes de huelga, en la que están apoyando esposas de diferentes departamentos, y si es necesario, vamos a marchar hasta la ciudad de La Paz”, advirtió Ajuacho.
En Oruro, al menos 130 instituciones tienen contrato con el batallón, servicio por el que pagan en efectivo entre 5.600 y 6.200 bolivianos. En tanto que el salario de un policía está entre los 2.600 y 2.700 bolivianos, denunciaron.
La semana pasada los dirigentes de los policías pidieron al Comando un ítem a cambio de ir a los nuevos destinos.
Al menos 40 esposas de los policías iniciaron un piquete de huelga el pasado jueves en rechazo a los cambios de destinos de 140 efectivos hacia Tarija, Potosí, Sucre y Cochabamba, y argumentaron que los sueldos percibidos por sus esposos son bajos y significaría un doble gasto el cumplir con sus memorandos de destino.
"Si no hay respuestas para nuestra petición iniciaremos diferentes medidas de presión”, alegó Betty Ajuacho, esposa de uno de los policías. También informaron que las mujeres de otras ciudades apoyan el piquete de huelga y que se dirigirán hacia Oruro para que la huelga sea contundente.
"Si no hay respuesta positiva a nuestra demanda habrá más piquetes de huelga, en la que están apoyando esposas de diferentes departamentos, y si es necesario, vamos a marchar hasta la ciudad de La Paz”, advirtió Ajuacho.
En Oruro, al menos 130 instituciones tienen contrato con el batallón, servicio por el que pagan en efectivo entre 5.600 y 6.200 bolivianos. En tanto que el salario de un policía está entre los 2.600 y 2.700 bolivianos, denunciaron.
La semana pasada los dirigentes de los policías pidieron al Comando un ítem a cambio de ir a los nuevos destinos.
Belaunde revela que fugó con apoyo de un policía
El empresario peruano Martín Belaunde, que actualmente está detenido en el penal de Piedras Gordas en Perú, reveló que un efectivo policial que contaba con identificación del servicio de inteligencia lo apoyó en su fuga de La Paz a Beni, donde lo capturaron.
Belaunde prestó declaraciones informativas de Ancón 1 a partir de las 09.00 del 19 de agosto en la sala de audiencias, donde una representación del Ministerio Público de Bolivia participó del interrogatorio. El periódico digital Oxígeno.bo tuvo acceso a la declaración del empresario peruano.
Belaunde ingresó al país el 1 de diciembre por la población de Desaguadero, fronteriza con Bolivia. Ante una solicitud de refugio, no recibió respuesta favorable por parte de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare). En consecuencia, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia resolvió el 20 de enero la detención preventiva con fines de extradición.
En sus declaraciones, argumentó que entre los motivos que lo llevaron a buscar nuevas opciones para pedir refugio en otro país, en este caso el Brasil, fueron los hechos de extorsión de los que dijo fue víctima y ante “la inminente partida a Perú vía extradición”.
“Después de obtener el rechazo de la primera instancia apelamos a la segunda 15 días útiles; me comentó mi abogado que conocidos de él y a través de abogados y funcionarios de Conare le habrían pedido dinero para que la solicitud de refugio sea aprobada, al final de la resolución salió en contra pero mi abogado comentó que sí entregó cantidad importante (SIC)”, relata en sus declaraciones informativas. Presume que al menos se destinó 50 mil dólares.
“Para mí no ha habido una evasión, pues me retiré sin mandato de detención domiciliaria. Que la persona que me ayudó llegó a mi cuarto, y debió haber fracturado un candado, hemos salido por el sótano , incluso me he caído al momento que llegábamos al río teniendo un problema en la espalda”, indicó en sus declaraciones informativas.
Las personas responsables de la vigilancia policial no se dieron cuenta de la fuga de Belaunde debido a que se encontraban en el ingreso principal de la casa y no así en la parte trasera.
El efectivo policial de inteligencia y Belaunde optaron por bajar unas escaleras y cruzar un departamento en construcción de la misma casa, porque en el segundo piso no existe una vía al sótano.
Utilizaron un vehículo Statión Wagon blanca , camionetas tipo colectivo y luego un bus. Informó que llegó hasta Magdalena, Beni, al siguiente día luego de tomar la vía Coroico luego de al menos 26 horas.
Evasión.
Belaunde, que fue extraditado a Perú, es investigado en Bolivia por el delito de evasión, porque burló la detención domiciliaria que debía cumplir.
Belaunde prestó declaraciones informativas de Ancón 1 a partir de las 09.00 del 19 de agosto en la sala de audiencias, donde una representación del Ministerio Público de Bolivia participó del interrogatorio. El periódico digital Oxígeno.bo tuvo acceso a la declaración del empresario peruano.
Belaunde ingresó al país el 1 de diciembre por la población de Desaguadero, fronteriza con Bolivia. Ante una solicitud de refugio, no recibió respuesta favorable por parte de la Comisión Nacional del Refugiado (Conare). En consecuencia, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia resolvió el 20 de enero la detención preventiva con fines de extradición.
En sus declaraciones, argumentó que entre los motivos que lo llevaron a buscar nuevas opciones para pedir refugio en otro país, en este caso el Brasil, fueron los hechos de extorsión de los que dijo fue víctima y ante “la inminente partida a Perú vía extradición”.
“Después de obtener el rechazo de la primera instancia apelamos a la segunda 15 días útiles; me comentó mi abogado que conocidos de él y a través de abogados y funcionarios de Conare le habrían pedido dinero para que la solicitud de refugio sea aprobada, al final de la resolución salió en contra pero mi abogado comentó que sí entregó cantidad importante (SIC)”, relata en sus declaraciones informativas. Presume que al menos se destinó 50 mil dólares.
“Para mí no ha habido una evasión, pues me retiré sin mandato de detención domiciliaria. Que la persona que me ayudó llegó a mi cuarto, y debió haber fracturado un candado, hemos salido por el sótano , incluso me he caído al momento que llegábamos al río teniendo un problema en la espalda”, indicó en sus declaraciones informativas.
Las personas responsables de la vigilancia policial no se dieron cuenta de la fuga de Belaunde debido a que se encontraban en el ingreso principal de la casa y no así en la parte trasera.
El efectivo policial de inteligencia y Belaunde optaron por bajar unas escaleras y cruzar un departamento en construcción de la misma casa, porque en el segundo piso no existe una vía al sótano.
Utilizaron un vehículo Statión Wagon blanca , camionetas tipo colectivo y luego un bus. Informó que llegó hasta Magdalena, Beni, al siguiente día luego de tomar la vía Coroico luego de al menos 26 horas.
Evasión.
Belaunde, que fue extraditado a Perú, es investigado en Bolivia por el delito de evasión, porque burló la detención domiciliaria que debía cumplir.
Subscribe to:
Posts (Atom)