A cuatro años de la masacre suscitada en Palmasola el 23 de agosto de 2013, donde perdieron la vida 35 personas, la Fiscalía presentó la acusación formal por el delito de incumplimiento de deberes contra ocho policías que cumplían funciones en el penal en aquel entonces.
Los acusados son el exdirector del centro penitenciario Guido Parada Rodríguez; el jefe de seguridad interna, Miguel Ángel Burgoa; el jefe de seguridad externa, Johnny Omar Ovando Coca; los ‘llaveros’ del PC3, Fausto Cruz Humana, que estaba a cargo de la puerta principal, y David Quispe Quispe, a cargo de la puerta interior; además de los oficiales Néstor Chura Huanca, Celso Salluco Muñoz y Néstor Gregorio Mamani Huanca.
El caso ya está radicado en el juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal, presidido por el juez José René Quezada, y solo se espera que se determine la fecha para el inicio del juicio oral.
El delito por el que el Ministerio Público los acusa es incumplimiento de deberes, establecido en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y tiene una pena de uno a cuatro años de presidio.
“Ellos demoraron en actuar durante el conflicto y no cumplieron con su función de custodiar a los internos; tenían las llaves y eran las primeras personas que tenían acceso a la población penal”, dijo Romero, quien considera que hubo negligencia de parte de los uniformados.
Explicó que el director de la cárcel cumplía funciones administrativas, mientras que los otros oficiales tenían la función de custodiar, manejar las llaves, controlar y registrar el acceso de las visitas y todo tipo de elementos al recinto.
Autores fueron condenados
Los autores de la matanza ya fueron condenados en marzo del año pasado. Los reclusos Pedro Luis Banegas Galdo (alias ‘Cindy’, que en octubre del año pasado fugó de un hospital en La Paz), Luis Adán Tobías Ortiz, Reynaldo Oporto Miranda, Robert Ricardo Prado Oliva y Michel Pedraza Arteaga fueron condenados a 30 años de cárcel, acusados por los delitos de asesinato y lesiones gravísimas.
Además de estos cinco involucrados, también recibieron sentencia Cléver Viera Gutiérrez, Wálter Romero Lazo y Danny Zares Cuéllar, internos que fueron encontrados culpables de asesinato, pero en grado de complicidad, por lo que su pena fue de 15 años de prisión.
Junto a este grupo de ocho reos también fue encontrado culpable Alberto Silva Dorado, quien fue juzgado y condenado a seis años de cárcel por el delito de lesiones graves. Los otros 11 involucrados, en principio, fueron absueltos al final del juicio.
Una jornada fatídica. La madrugada del 23 de agosto de 2013 Palmasola quedó marcada con sangre y fuego por los internos del bloque B de Chonchocorito, que planificaron la toma del bloque A para tener el control del recinto. Entre los motivos de los reclusos para justificar la violencia estaban las supuestas ofensas que recibían sus familiares cuando llegaban a visitarlos.
En el juicio oral, el acusado Luis Tobías Ortiz dijo que había policías que estaban al tanto de lo que iba a suceder y que el asalto se planificó durante más de seis meses. Para lograr su cometido, los internos utilizaron armas punzocortantes e incluso garrafas de gas, con las que incendiaron el bloque A.
“Dejamos de ser rentables”
Han pasado cuatro años y uno de los cientos de heridos que se registraron la madrugada del 23 de agosto de 2013 no logra contener las lágrimas al recordar y contar lo sucedido. Señala como culpables a la ambición de algunos policías y autoridades, debido a que los presos estaban dejando de ser ‘rentables’.
Dice tener aún secuelas físicas y emocionales por lo que sucedió. “Sufrí golpes en la cabeza y quemaduras de segundo grado en la cara y los hombros”, cuenta Pablo B.F. También señala que es duro haber visto morir a varios de sus amigos, uno de ellos abrazado de su hijo y a otros que resultaron heridos y luego se enteró que pasaron a engrosar las listas de fallecidos.
“Estaba habiendo un cambio tremendo en nuestro bloque y eso a las autoridades de la Policía no les convenía porque no era rentable. Fue ese el problema, que ya no éramos rentables”, asegura. Señala que los cambios a los que se refiere son las reglas de los propios internos.
También refiere que siente que él y los otros heridos fueron utilizados por las autoridades mientras el caso tuvo atención mediática. “Los médicos venían y nos curaban, cada rato, venían con sus cámaras de televisión, pero luego no recibimos más ayuda. Cada uno tuvo que curarse como pudo”, afirmó.
Creen que nada cambió
Según personas que visitan frecuentemente la cárcel, uno de los pocos cambios es que el acceso de las visitas de los bloques A y B en Chonchocorito ahora es independiente, es decir, que los visitantes no deben pasar por ninguna de las áreas para ver a sus familiares. Este fue uno de los supuestos motivos que originaron el ataque.
Hernán Cabrera, que fungía como defensor del Pueblo en Santa Cruz en 2013, cree que Palmasola no cambió nada en lo sustancial. “Sigue habiendo retardación de justicia, no hay clasificación de reos y faltan terapias de rehabilitación”, aseveró.
“La Policía controla los ingresos y aun así se hacen operativos en los que decomisan drogas y armas dentro. Eso muestra la permisividad y la complicidad que existe”, enfatizó Cabrera.
