Friday, July 5, 2019
Thursday, July 4, 2019
Mamá y hermana de víctima de policía también fueron violadas
La abuela se encarga de cuidar a las pequeñas. La Defensoría del Pueblo hará una intervención en el caso. Dieron de baja al uniformado.
La niña de 13 años, que desde hace dos años era violada por un policía en Cochabamba, vive un drama desde muy temprana edad. Su mamá discapacitada y su hermana mayor también fueron víctimas de abuso sexual por agresores que aún no fueron identificados.
“Es lamentable la situación de vulnerabilidad de la familia de la niña. Su hermana mayor fue agredida sexualmente y la madre sufre una discapacidad. La abuela es quien se hacía cargo de las menores de edad”, dijo a Página Siete el representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox.
La hermana mayor de la niña tiene 14 años y fue abusada sexualmente. Producto de la agresión quedó embarazada y ahora tiene un bebé de seis meses.
Según la autoridad, las hermanas quedaron al cuidado de la abuela porque “la mamá de la niña tiene una discapacidad intelectual y también habría sido víctima de agresión sexual. Sus dos hijas son fruto de agresión sexual”.
Cox dijo que las víctimas reciben apoyo de la Defensoría del Pueblo. “Al haberse repetido el patrón de violación en la familia, este caso requiere atención por su alto nivel de vulnerabilidad social”, explicó. Añadió que ante la delicada situación del caso los “policías se aprovecharon de la niña”.
En los últimos días se reveló la historia de la niña de 13 años, que era presionada por el policía Miguel Ángel Q.C. -su violador- para que abortara. Éste, además, la prostituyó con sus camaradas. Cuando la familia se enteró de las agresiones, denunció al uniformado ante las autoridades.
Según las autoridades, el uniformado aprovechó que la pequeña estaba a cargo de su abuela por la discapacidad mental de su madre.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba brinda ayuda a la familia de la víctima, que recibió amenazas del agresor que busca el desistimiento de la denuncia.
Según el representante de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, la familia no asistió a la audiencia cautelar (el miércoles) porque sufre intimidación para que desistan de la denuncia. “En este tema en particular otra vez se está generando aparentemente amenazas porque los agresores son policías”, dijo.
Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo hará una intervención del caso para conseguir justicia. La institución realizó evaluaciones psicosociales y acompañamiento médico a la niña que está embarazada a causa de los abusos del policía que fue enviado a la cárcel de El Abra. Antes, el uniformado fue detenido por un caso de volteo de droga y tenía una falta disciplinaria en 2016 por ingresar alcohol al penal de El Abra.
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, anunció ayer que el acusado fue dado de baja de forma definitiva de la Policía . “Tenía antecedentes por la Ley 1008”, dijo, y aclaró que por este delito tenía detención en la cárcel de Arani en 2018, pero fue beneficiado con una detención domiciliaria y salida laboral”, dijo.
La niña de 13 años, que desde hace dos años era violada por un policía en Cochabamba, vive un drama desde muy temprana edad. Su mamá discapacitada y su hermana mayor también fueron víctimas de abuso sexual por agresores que aún no fueron identificados.
“Es lamentable la situación de vulnerabilidad de la familia de la niña. Su hermana mayor fue agredida sexualmente y la madre sufre una discapacidad. La abuela es quien se hacía cargo de las menores de edad”, dijo a Página Siete el representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, Nelson Cox.
La hermana mayor de la niña tiene 14 años y fue abusada sexualmente. Producto de la agresión quedó embarazada y ahora tiene un bebé de seis meses.
Según la autoridad, las hermanas quedaron al cuidado de la abuela porque “la mamá de la niña tiene una discapacidad intelectual y también habría sido víctima de agresión sexual. Sus dos hijas son fruto de agresión sexual”.
Cox dijo que las víctimas reciben apoyo de la Defensoría del Pueblo. “Al haberse repetido el patrón de violación en la familia, este caso requiere atención por su alto nivel de vulnerabilidad social”, explicó. Añadió que ante la delicada situación del caso los “policías se aprovecharon de la niña”.
En los últimos días se reveló la historia de la niña de 13 años, que era presionada por el policía Miguel Ángel Q.C. -su violador- para que abortara. Éste, además, la prostituyó con sus camaradas. Cuando la familia se enteró de las agresiones, denunció al uniformado ante las autoridades.
Según las autoridades, el uniformado aprovechó que la pequeña estaba a cargo de su abuela por la discapacidad mental de su madre.
La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba brinda ayuda a la familia de la víctima, que recibió amenazas del agresor que busca el desistimiento de la denuncia.
Según el representante de la Defensoría del Pueblo de Cochabamba, la familia no asistió a la audiencia cautelar (el miércoles) porque sufre intimidación para que desistan de la denuncia. “En este tema en particular otra vez se está generando aparentemente amenazas porque los agresores son policías”, dijo.
Ante esa situación, la Defensoría del Pueblo hará una intervención del caso para conseguir justicia. La institución realizó evaluaciones psicosociales y acompañamiento médico a la niña que está embarazada a causa de los abusos del policía que fue enviado a la cárcel de El Abra. Antes, el uniformado fue detenido por un caso de volteo de droga y tenía una falta disciplinaria en 2016 por ingresar alcohol al penal de El Abra.
El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, anunció ayer que el acusado fue dado de baja de forma definitiva de la Policía . “Tenía antecedentes por la Ley 1008”, dijo, y aclaró que por este delito tenía detención en la cárcel de Arani en 2018, pero fue beneficiado con una detención domiciliaria y salida laboral”, dijo.
Wednesday, July 3, 2019
Cae un policía que violó, embarazó y prostituyó a una niña de 11 años
Una historia difícil de creer. Una niña de 11 años que ayudaba a su madre en una pensión en la ciudad de Cochabamba fue captada por un policía que la violó, la obligó a comercializar pastillas abortivas y luego la prostituyó con sus camaradas. Fruto de estos vejámenes, la menor resultó embarazada. El uniformado fue aprehendido.
Trabajaba en la Estación Policial Integral (EPI) de Jayhuayco. Miguel Ángel Q. C., de 30 años de edad, fue capturado cuando pretendía obligar a la menor de edad, que ya se encuentra con dos meses de gestación, a ingerir pastillas abortivas.
“De manera inicial, la utilizó para que ella pudiera vender pastillas abortivas, luego de unos meses en los que se ganó su confianza, la violó y el policía ofreció a la niña a sus camaradas, quienes proceden a agredirla sexualmente. Son seis policías, desde cabos hasta subtenientes”, relató la abogada Andrea García.
Miguel Ángel Q. C. llevaba a la menor a diferentes casas y alojamientos, donde se encontraban los uniformados que luego la abusaban. Fruto de estos vejámenes, la niña resultó embarazada hace un año y fue obligada a abortar. Este año, el policía volvió a violar a la menor.
La madre de la pequeña descubrió lo ocurrido la pasada semana y buscó ayuda. La Oficina de Apoyo Integral para la Familia y la Policía organizaron un operativo para aprehender al sargento.
Miguel Ángel Q. C. citó el 1 de julio a la niña en la plaza 10 de febrero de Villa Pagador, donde se materializó el operativo con personal de Inteligencia de la Policía. En el interior de su vehículo encontraron Bs 8.060, además de tabletas abortivas.
Al verse descubierto, el sindicado dijo que solo trataba de ayudar a la menor para que interrumpa su embarazo.
Al respecto, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Raúl Grandy, dijo que no encubrirán a nadie y pidió celeridad en las investigaciones.
El uniformado estuvo con detención preventiva en 2018, en el penal de Arani, por un caso de un volteo de drogas.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, Estefanía Morales aseguró que este hecho no quedará en la impunidad.
Trabajaba en la Estación Policial Integral (EPI) de Jayhuayco. Miguel Ángel Q. C., de 30 años de edad, fue capturado cuando pretendía obligar a la menor de edad, que ya se encuentra con dos meses de gestación, a ingerir pastillas abortivas.
“De manera inicial, la utilizó para que ella pudiera vender pastillas abortivas, luego de unos meses en los que se ganó su confianza, la violó y el policía ofreció a la niña a sus camaradas, quienes proceden a agredirla sexualmente. Son seis policías, desde cabos hasta subtenientes”, relató la abogada Andrea García.
Miguel Ángel Q. C. llevaba a la menor a diferentes casas y alojamientos, donde se encontraban los uniformados que luego la abusaban. Fruto de estos vejámenes, la niña resultó embarazada hace un año y fue obligada a abortar. Este año, el policía volvió a violar a la menor.
La madre de la pequeña descubrió lo ocurrido la pasada semana y buscó ayuda. La Oficina de Apoyo Integral para la Familia y la Policía organizaron un operativo para aprehender al sargento.
Miguel Ángel Q. C. citó el 1 de julio a la niña en la plaza 10 de febrero de Villa Pagador, donde se materializó el operativo con personal de Inteligencia de la Policía. En el interior de su vehículo encontraron Bs 8.060, además de tabletas abortivas.
Al verse descubierto, el sindicado dijo que solo trataba de ayudar a la menor para que interrumpa su embarazo.
Al respecto, el comandante departamental de la Policía de Cochabamba, coronel Raúl Grandy, dijo que no encubrirán a nadie y pidió celeridad en las investigaciones.
El uniformado estuvo con detención preventiva en 2018, en el penal de Arani, por un caso de un volteo de drogas.
La viceministra de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de Justicia, Estefanía Morales aseguró que este hecho no quedará en la impunidad.
Fiscalía imputa a otras ocho personas involucradas en el caso Anapol
La Fiscalía Departamental de La Paz imputó formalmente a otras ocho personas luego que se encontraron indicios de culpabilidad en el cambio de calificaciones y cobro de sobornos a postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) y a la Universidad Policial (Unipol).
La fiscal Silvia León informó hoy que los sospechosos son cuatro personas entre policías y funcionarios administrativos de Anapol y cuatro funcionarios públicos de los Ministerios de Gobierno, Salud y Educación.
Los funcionarios de la Universidad Policial, Rubén P., Kristopher M., Juan R. y Rubén A. fueron imputados por los delitos de cohecho pasivo propio, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y uso de Instrumento falsificado.
De acuerdo a las investigaciones, “Rubén P., Kristopher M., Juan R. y Rubén A., eran parte activa en los procesos de contratación de las empresas para la calificación de las pruebas de conocimiento y psicotécnica. Asimismo, Rubén A., era parte de la Comisión de Calificación de la empresa de conocimiento Amstrengung y la empresa para el examen Psicotécnico SIPCOES; además de que efectivizaba las instrucciones del coronel Rubén Q., a sabiendas de las irregularidades”, señala un boletín de prensa de la Fiscalía Departamental de La Paz.
En tanto que Richard O., Maritza y Víctor A., y Freddy N. son acusados de la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo propio e incumplimiento de deberes, ya que como miembros de la Comisión de Máxima Instancia (CMI) determinaron que 351 postulantes a la Anapol sean admitidos a pesar que al menos 304 pruebas tenían irregularidades.
León dijo que los estudios grafotécnicos que se realizaron durante la investigación establecieron que las calificaciones de las pruebas fueron cambiadas intencionalmente, con la finalidad de beneficiar a esos estudiantes.
La Fiscal agregó que se pedirá la detención preventiva de los ocho acusados en una audiencia de medidas cautelares.
FELCN secuestra un helicóptero usado para el trasiego de drogas
En el marco del operativo Charlie, agentes de la fuerza antidrogas secuestraron en la provincia Iturralde (norte de La Paz) un helicóptero Robinson R44 que era usado para el tráfico de drogas en el territorio amazónico de Bolivia, Perú y Brasil.
“También se ubicó un laboratorio de procesamiento de drogas. Con base en las pesquisas se confirmó la existencia de una pista clandestina y el trabajo de patrullaje e infiltración que se hizo, de cinco kilómetros, posibilitó el secuestro de 167 kilos de marihuana tipo creepy, en ocho sacos”, señaló el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en conferencia de prensa realizada en Trinidad.
Agregó que esta es una marihuana especial producto del tratamiento en laboratorio, que constituye una de las invenciones de la ilícita industria de la droga desarrollada en Colombia.
También se secuestraron 122 kilos de pasta base de cocaína dentro de cuatro sacos.
Uso de tecnología
“(El helicóptero) es de industria norteamericana y con seguridad era utilizado para activar un puente aéreo en la zona. Es la primera vez que nos encontramos con este modus operandi que involucra un helicóptero. La matrícula corresponde a Brasil y las pericias demostrarán que era usado para el trasiego de droga”, manifestó.
Indicó que esta modalidad responde al uso de alta tecnología, característica en las organizaciones vinculadas al tráfico de drogas, y que es un elemento que apunta a que el origen de la droga está en territorio peruano y que se utilizaba el laboratorio para procesarla y llevarla a Brasil.
En las actividades delictivas, los helicópteros son empleados para trasladarse en topografías complejas y accidentadas para el trasiego de la droga.
“Dada la amplitud y vastedad de la Amazonía boliviana, del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), y la Amazonía brasileña, es lógico que los puentes aéreos involucran la posibilidad de desarrollar paradas de carguío de combustibles. Es posible que se use en determinados tramos o para complementarse con otras aeronaves; en ese sentido, se analizará el GPS (Sistema de Posicionamiento Global) para establecer el recorrido”, dijo.
Otros hallazgos
También se halló un laboratorio de lavado y reciclado de pasta base de cocaína que se destruirá.
Por su parte, el coronel Maximiliano Dávila, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), anunció que se realizarán más operativos en la Amazonía.
“Realizaremos más investigaciones para dar con los involucrados”, aseveró.
Adquisición del combustible
Debido a que la matrícula del helicóptero es brasileña, existe la posibilidad de que otras aeronaves hayan comprado el combustible de manera legal para traspasarlo.
El ministro Romero apuntó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) hace el control del combustible, cuya venta se registra a nombre de personas acreditadas, aunque muchas veces es adquirido por otra vía y es llevado a lugares alejados para realizar actividades de narcotráfico, de manera directa, en vehículos de cuatro ruedas o motocicletas.
“Este es un trabajo investigativo especial que estamos realizando y en los próximos días se dará un informe detallado”, refirió.
Capturan a policía sindicado de violación
Efectivos de la Policía de Cochabamba aprehendieron a un policía sindicado de violar a una adolescente de 13 años, desde que tenía 11. Producto de las vejaciones, la menor tiene un embarazo de dos meses.
El coronel Raúl Grandy, comandante departamental de la Policía valluna, informó a la red Unitel que el uniformado, identificado como Miguel Ángel Q. C., aprovechó la condición de necesidad de la menor para hacerle vender pastillas abortivas, inicialmente, y luego la prostituyó con sus camaradas.
“La menor ya habría estado embarazada en una ocasión anterior y esa persona le habría hecho abortar, sin embargo, ahora está nuevamente en estado de gestación”, explicó.
El coronel Julio Cordero, director nacional de la fuerza anticrimen, indicó que el tío de la adolescente fue quien denunció el hecho y que las autoridades jurisdiccionales determinarán su situación legal.
“Ella estaba en situación de calle y eso aprovechó el sujeto. Se sabe que le ofreció dinero para mejorar su vida”, señaló.
Subscribe to:
Posts (Atom)