A las 9:20 del 30 de marzo, Fernando Ibáñez ya había conducido 396 kilómetros desde Santa Cruz. Iba a Puerto Aguirre (Quijarro), frontera con Brasil. El chofer, que salió a las 3:45, iba con Bs 2,6 millones y $us 350.000 y tres acompañantes a bordo. Los cabos Fernando Sarsuri y Félix Magne. Ronny Cuéllar iba como responsable de entregar la plata al Banco Mercantil Santa Cruz. A esa hora, cerca de Roboré, un pueblo con regimiento militar, un comando con cuatro vehículos le cerró el pasó al blindado, lo acribilló a balazos, aniquiló el motor y expulsó a los ocupantes sin matarlos, antes de tomar el dinero.
La banda dejó pistas: abandonó armas de guerra cerca del charco de aceite en el que quedó la vagoneta. Se hallaron casquillos calibre 50, como los de una ametralladora pesada.
Con armas cortas, un jefe de división y un puñado de efectivos de élite salieron ese jueves a la caza de los atracadores brasileños, con capacidad militar y alcance de fuego de 3.000 metros, describió el ministro Carlos Romero. A 15 kilómetros del atraco, la banda incendió dos de sus vehículos. A las 5:00 del día siguiente, a unos 118 kilómetros al este de Roboré, en una hacienda de Santa Ana de Chiquitos, hubo otra balacera, un enfrentamiento, pero esta vez era la Policía y los atracadores; se confirmó la fuga de los asaltantes al monte espeso, cinco oficiales heridos y al menos tres personas detenidas. Los asaltantes tenían la ventaja.
Hablan los expertos
Una semana después, en medio de una feroz cacería, un diálogo con dos expertos en lucha contra el crimen en EL DEBER concluyó que la Policía reaccionó rápido y como pudo (con armas 9 mm), lo cual se puede ponderar, pero cuestionaron que el despliegue táctico de las fuerzas especiales con la cantidad de hombres y con los equipos adecuados para enfrentar a un comando de atracadores entrenados y con armas de alto poder, no se había dado ese mismo jueves. A esto se sumó el análisis del límite de la Ley de Armas para la Policía, que impide usar calibres de alto poder. Las FFAA sí pueden.
Esas son algunas conclusiones del exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) Juan Carlos Ramos y del ex comandante departamental de la Policía Rolando Fernández, quienes alertaron de la acción de una banda con habilidades tácticas y de planificación.
Al diálogo se invitó a Suárez, pero se excusó por estar en las tareas de búsqueda. El ministro de Gobierno, Carlos Romero dijo que el Gobierno invirtió Bs 40.000 millones para equipar a la Policía; que cada año el Estado destina unos Bs 3.000 millones para manutención, que hay varias tropas de élite y que incluso capacitan a oficiales de otros países (por ejemplo, Garras), pero que quizás fue “apresurada” la primera reacción sin armas apropiadas; que lo ideal habría sido que las fuerzas especiales lleguen el día del atraco. Y la banda estaba bien armada.
“Usaron municiones capaces de perforar el blindaje. Así destruyeron el motor. Luego dejaron señuelos para crear ideas falsas de rutas de fuga. Frente a eso, el mando operativo debió irse al lugar de inmediato”, observó Ramos. Fernández describe a una mafia extranjera que supo planificar, huir y emboscar a la primera línea de perseguidores y que dispone de tecnología sofisticada. “Escuché que los atracadores en Santa Ana usaron un dron antes de escapar, que cargaban con armas FAL y de nexos con un cártel brasileño”.
El sargento Omar Huayllani, subrayó que el golpe a Brinks refleja la desventaja con la que se enfrenta al crimen organizado. Para él pasa por falta de personal. Hay unos 5.000 policías en Santa Cruz, más de 4.000 en la capital. Como todos, los policiales también tienen horas de descanso y turnos, vacaciones y bajas. Así que en funciones efectivas a diario se tiene a la mitad. Su número parece insuficiente para abastecer a 3.000.000 de habitantes de Santa Cruz. “Y encima nuestros sueldos son bajos”. Bs 1.600 para los recién egresados y de Bs 3.800 para suboficiales con años de servicio, calcula Huayllani.
Romero cree que la dificultad para responder fueron distancias y tiempos. “Si las unidades tácticas hubiesen intervenido en el enfrentamiento en Santa Ana, los atracadores no habrían podido escapar”, argumenta.
Fernández dice que la Ley de Armas desarma a la Policía. La prueba para él fue el enfrentamiento de Santa Ana
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