Según el Ministro, se aprehendió a nueve personas por este caso, de las cuales dos (el teniente Freddy Tiñini y la médico Fanny Mollendo) fueron enviados a la cárcel, pero el resto de los implicados, que son funcionarios de las empresas Anstrngung y Sipcoes, fueron liberados.
"Se ha verificado que eran empresas fantasmas dado que las direcciones que han presentado estas empresas no correspondían a sus oficinas, por lo cual se ha procedido también al allanamiento y la detención de estas personas que lamentablemente fueron liberadas por la autoridad jurisdiccional", afirmó Romero en entrevista con el canal estatal.
No obstante, el Ministro aclaró que aún estas personas deben presentarse a prestar sus declaraciones informativas.
Explicó que las empresas Anstrngung y Sipcoes, contratadas para el proceso de admisión en la Anapol, imprimieron una cantidad superior a la estipulada por contrato, para suplantar los documentos previa "negociación" de los postulantes.
La irregularidad se descubrió después de evidenciar que había diferencias de grafía entre las diferentes pruebas que dieron los postulantes. Romero indicó que dos terceras partes de los exámenes de ingreso a la Anapol fueron adulterados.
La doctora Mollendo fue encontrada con dinero que recibió de postulantes y pruebas médicas irregulares, mientras que el teniente Tiñini estaba en su casa con 16 postulantes a la Esbapol quienes estaban aprendiendo preguntas y respuestas de su examen.
Tras el escándalo, el Gobierno decidió anular los procesos de evaluación en la Anapol y Esbapol, para realizar nuevas pruebas. Romero anunció que para la nueva etapa habrá la veeduría del Defensor del Pueblo y se pedirá la participación del sistema universitario, publicó Erbol.
$US 16.000
Las primeras investigaciones de la Policía sobre las coimas para ingresar a la Academia Nacional de Policía (Anapol) establecieron que la organización criminal que se montó allí llegó a cobrar hasta la suma de 16 mil dólares, para asegurar el ingreso de un postulante, reveló el sábado el teniente coronel Miguel Ocampo, jefe de la unidad de Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), de acuerdo con Urgentebo.
"El costo que cobraban a las víctimas la doctora Fany M. y el teniente de Policía Freddy T. implicada en el hecho, eran sumas diferenciadas desde 700 dólares hasta 16 mil dólares y el monto cuantificado hasta el momento por los dos sujetos acusados de cobros ilícitos es de 211.570 bolivianos y 220 dólares", afirmó Ocampo.
El viernes, el periódico digital Urgentebo conversó con investigadores del tema y señalaron que el modus operandi por la llamada organización criminal se basa en la oferta de combos, que aseguraban la aprobación en las tres diferentes pruebas. El costo del combo es 12 mil dólares, dijeron las fuentes. El teniente coronel Ocampo da cuenta de una cifra mayor.
El escándalo que involucra de nuevo a la Anapol estalló finalmente el viernes cuando el presidente Evo Morales dio la instrucción de anular el proceso de evaluación y selección de 351 postulantes.
Tras la orden del Primer Mandatario, la Policía procedió con la detención de dos personas, el viernes. Ocampo informó que a ellas dos se suman otros cuatro civiles que fueron aprehendidos en las últimas horas. En total se realizaron seis allanamientos.
El jefe policial dio cuenta de que éste es un caso importante por lo que los responsables de los diferentes comités que participaron en la evaluación de conocimiento, médico y físico serán convocados a declarar.
Los investigadores llamarán a 80 personas para prestar declaraciones, entre ellos figuran funcionarios policiales y profesores de educación física, para conocer su participación.
"Vamos a convocar a más personas y a comités de máxima instancia para que presten declaraciones y conocer qué otras personas habrían apoyado en temas administrativo, operativo y control de las pruebas de pregrado", informó Ocampo.
Por otra parte, Miguel Aramayo, fiscal del caso de Anapol, confirmó la detención de cuatro civiles, que serían parte de las empresas que participaron en la adulteración de calificaciones.
Receptación, corrupción, uso indebido de la información, falsedad material y uso de documento falsificado, son los delitos por los que son investigadas las personas involucradas en el caso. (Agencias)
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