El nuevo escándalo de corrupción desató malestar en el Gobierno, el presidente Evo Morales instruyó la anulación de las pruebas de admisión, gestión 2019, en todos los centros de formación policial.
La investigación se desarrolló tras denuncias de padres de familia de los postulantes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que esa organización criminal está conformada por algunos policías, dos empresas aparentemente falsas que fueron contratadas para los exámenes de conocimiento, además de algunos profesionales que fueron parte del proceso de preselección.
“Estamos ante la presencia de una asociación criminal, los exámenes han sido suplantados, han sido adulterados y los exámenes originales en muchos casos han sido reemplazados por otros documentos”, puntualizó Romero.
Horas antes, el presidente Evo Morales instruyó la anulación del proceso de evaluación y la realización de nuevos exámenes, además sugirió que la nueva evaluación cuente con la presencia de otras instituciones fiscalizadoras como la Defensoría del Pueblo y el sistema universitario.
Romero ratificó la anulación de todo el proceso de evaluación y selección de los postulantes a la Anapol y la Escuela Básica de Policías (Esbapol) en todo el país ya que todas las personas que son parte de esa red participaron de la admisión.
INVESTIGACIÓN
El comandante general de la policía, coronel Rómulo Delgado, manifestó que tras recibir la denuncia el pasado 3 de enero solicitó un informe a la Unidad de Transparencia del Comando General. Tras un análisis a las pruebas de conocimiento y el examen físico de los postulantes se identificaron varias irregularidades puntualizadas en un informe remitido al Ministerio de Gobierno.
Desde la Dirección de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), de La Paz, se informó que el proceso de investigación identificó a al menos 255 pruebas escritas que fueron suplantadas en el momento de la realización del examen. Es decir, las personas que figuraban como titulares nunca realizaron la evaluación.
Así, se secuestró 351 “carpetas” que luego fueron derivadas al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (Iitcup) para su análisis. Se halló “incongruencias” en el llenado de los formularios, por ejemplo en las firmas de exámenes médicos y otros documentos.
El pasado jueves se allanó el domicilio de Fanny A. que estaba a cargo de los exámenes médicos, donde se secuestró 211.000 bolivianos y 2.500 dólares provenientes de pagos que hicieron algunos postulantes para aprobar el examen. Además se verificó la existencia de documentos con firmas de otro galeno que estaban listos para apelar posibles rechazos.
Se realizó una segunda intervención al domicilio del teniente Freddy T., en la zona 16 de julio de la ciudad de El Alto, donde se encontraron exámenes y nóminas de los postulantes. En el inmueble, la Policía encontró a 17 jóvenes que posteriormente identificaron a Fanny A., que les ofreció un espacio en la Anapol.
“Se constituyó como reclutadora, ya que en la propia compra de prospectos ella ofrecía la posibilidad del ingreso a la Academia y las escuelas básicas policiales y lo ofrecía a partir de los exámenes médicos”, destacó Aguilera.
La autoridad policial manifestó que existen más personas que participaron en estas irregularidades, la investigación también alcanzará a aquellos que pagaron por los exámenes ya que incurrieron en el delito de cohecho pasivo.
“En las próximas horas habrán más operativos, más allanamientos y seguramente más personas aprehendidas, tenemos bastantes referencias y, ante estas circunstancias, como anunció el presidente, se ha decido la anulación de las pruebas”, añadió.
Las empresas contratadas para la calificación de pruebas de conocimientos son Anstergung y la prueba psicotécnica estaba a cargo de Sipcoes. Al respecto, el coronel Miguel Ocampo manifestó que se allanó los inmuebles de ambas oficinas donde también se colectaron varios indicios.
Además de que las pruebas de conocimiento y de educación física fueron sustituida por otras, los representantes legales fueron convocados a declarar para establecer la participación y las irregularidades.
COMISIÓN
Los ministerios de Justicia y Transparencia, Gobierno, Salud, Educación y el Comando General de la Policía conformaron la Comisión de Máxima Instancia (CMI) que debe fiscalizar y controlar todos los procesos de evaluación que se realizan para la admisión de postulantes a instancias policiales.
Aguilera cuestionó la ligereza de la máxima instancia, ya que no ejecutó ninguna para identificar las irregularidades en la selección. No se descarta que los integrantes de la comisión sean investigados y determinar las responsabilidades.
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