No se descarta que autoridades policiales jerárquicas estén implicadas en el caso de corrupción.
El abogado Santos Valencia, defensa legal de la médico Fany A., señaló que su cliente tendría una participación mínima en este proceso de admisión y que existen otras autoridades de alta jerarquía de la instancia policial que están detrás de todo eso.
“En este caso, ella indica que tuvo una mínima participación pero existen otras personas de mayor jerarquía que estarían involucradas en este hecho”, dijo escuetamente el jurista, que a la vez manifestó que la investigación determinará la identidad de los implicados.
El representante legal del Ministerio de Gobierno, José Duchen explicó se amplió los delitos por los que fueron imputados los sindicados. Los tipos penales son incumplimiento de deberes, asociación criminal, uso de instrumento falsificado, falsedad material, falsedad ideológica, cohecho pasivo y activo.
La audiencia de medidas cautelares se instaló al promediar las 14.00 de ayer, se dictó un cuarto intermedio hasta las 16.00 y una segunda pausa que duró una hora aproximadamente, porque el policía implicado no contaba con un representante legal que asuma su defensa.
ANTECEDENTES
De acuerdo con las primeras investigaciones de la Policía, en el domicilio de Fany M. se encontró Bs 211.000 y $us 2.500 que provenían de “pagos de servicios” de unas ocho personas por el examen médico y documentos con firmas de otro galeno que estaban listos para apelar posibles rechazos.
En el caso del teniente, en la requisa en su domicilio se encontraron exámenes que iban a ser revisados y una lista de los postulantes. Además que estaban 17 jóvenes que estaban en las listas para que puedan emitir algún pago económico.
Según la explicación del investigador de la Fuerza Anticrimen, coronel Miguel Ocampo, el teniente Freddy T. trabajaba una Estación Integral Policial (EPI), no era parte de la comisión evaluadora, pero su domicilio era usado para la preparación física y de conocimientos de los postulantes.
Padres de familia de los postulantes denunciaron irregularidades y una posterior investigación interna las confirmó. El Gobierno identificó a una red criminal a los responsables de los actos de corrupción en los exámenes admisión a la Anapol y otras instituciones.
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