Jorge Tapia, abogado del excomandante de la Policía Nacional, general Luis Cerruto, confirmó ayer que los miembros de la Sala Penal Primera, presidida por Virginia Crespo revocaron la detención preventiva de su defendido, luego de la apelación que presentó el Ministerio de Transparencia, en el caso del supuesto daño económico de más de cinco millones de bolivianos en el proceso de compra de víveres para los uniformados.
Tapia denunció que a la audiencia se hizo presente la viceministra de Trasparencia, Jessica Sarabia, y señaló que al parecer la presencia de esta autoridad influyó en la determinación asumida por los magistrados.
El 4 agosto, la juez (destituida) del Tribunal Primero Anticorrupción, Cinthia Delgadillo, determinó la detención domiciliaria de Cerruto, luego de que este fuera involucrado en la modificación de un contrato para la compra de 80.000 quintales de harina y azúcar a la empresa cochabambina Food’s Company.
Según la declaración de otro de los involucrados, Paola Ergueta, asesora del responsable de adquisiciones, general Hugo Baldivieso, fue quien modificó el contrato original y que estos aspectos eran de conocimiento de Cerruto.
Por el hecho también se encuentran detenidos la expareja de Ergueta, dos ejecutivos de Food’s Company, los responsables civiles de las comisiones y el general Baldivieso en detención domiciliaria.
El general Cerruto se declaró víctima de sus subalternos y reconoció haber firmado el contrato para la adquisición de alimentos cuando era Comandante General de la Policía.
“En el contrato se ha detectado que existen algunos ilícitos, ese contrato yo lo firmé, sin embargo, entre las 20 hojas que tiene ese contrato, ha aparecido una hoja que ha sido alterada (…) y en este momento yo soy víctima de aquellos malos policías, que realizaron ese tipo de actos (irregulares)”, afirmó entonces el exjefe policial.
ANTECEDENTES
De acuerdo con los antecedentes, Ramiro Churata, quien guarda detención domiciliaria dijo que el entonces coronel Baldivieso, en una primera instancia, le ordenó que invitara sólo a dos empresas: Fast Food y Orgánica del Sur.
Pero ambas empresas no cumplían con los requisitos según constató el comité de selección, por lo que la invitación no surgió.
Entonces, Baldivieso ordenó a Churata que nombre a un nuevo Comité de Selección y permitió que su “asesora personal”, Paola Ergueta, quien guarda detención preventiva, “enseñe” a los nuevos integrantes cómo debían calificar a las empresas postulantes.
En la nueva selección Fast Food y Orgánica del Sur fueron adjudicadas. Pero después de firmar el contrato, Cerruto observó un sobreprecio. Por ello, rescindió el contrato.
Ante esta situación, las empresas presentaron una acción de amparo constitucional que les fue concedido el 1 de junio, cuando Cerruto ya no era comandante, se conoció que habían dos contratos de adjudicación, ambos firmados por Cerruto, pero en uno de ellos se añadía una cláusula según la cual debía pagarse a Fast Food el 20 por ciento de lo acordado como adelanto, lo que es 5.016.144 bolivianos.
El 26 de mayo Édgar Téllez ascendió como comandante y presentó una denuncia, lo cual activó la pesquisa. Sin embargo, hasta las 18.00 horas de ayer, Baldivieso no declaró pese a que fue citado dos veces. Cerruto pidió su detención.
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