El vicepresidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), Agustín Choque, confirmó ayer que el Viceministerio de Régimen Interior y el Comando de la Policía de La Paz plantearon un intercambio de policías que estaban en calidad de rehenes por mineros detenidos en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que no hubo “intercambio” y que la Policía entregó al Ministerio Público a los más de 80 mineros cooperativistas detenidos. “El Ministerio Público ha tomado las decisiones correspondientes de no abrir causa o liberarlos o anotar en algún compromiso o en fin en el uso de sus facultades”.
Sin embargo, el fiscal General, Ramiro Guerrero, señaló que la Policía nunca derivó a los mineros detenidos al Ministerio Público porque éstos estaban en calidad de arrestados, por lo que, al cumplir las ocho horas, fueron liberados por la misma Policía.
“El Ministerio Público no canjea la ley, no negocia la ley y no canjea gente que comete un delito”, aclaró Guerrero, indicando que recién ayer fueron remitidos al Ministerio Público 15 mineros cooperativistas.
“Intercambio, esa es la palabra correcta que hemos acordado con el Director de Régimen Interior y también por el propio comandante Departamental de La Paz y esa decisión ha sido difícil de hacer entender a los compañeros”, dijo Choque a Radio Panamericana, quien al mismo tiempo criticó a las autoridades del Gobierno por negar esta situación cuando fueron ellos quienes hicieron el planteamiento.
En tanto, Romero indicó que una representación del Ministerio de Gobierno fue hasta Ayo Ayo para pedir a los mineros que entreguen a los policías porque la mayoría estaban heridos. “Se han hecho presente con ambulancias para exigir, he mandado también un cuerpo de abogados para que acciones jurídicamente porque estaban ellos frente a una figura de secuestro”.
Este “intercambio” fue cuestionado por el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, “lo extraño es que no se da un trato igual en situaciones similares a otros dirigentes que son detenidos y luego aparecen procesados y presos”. Señaló que lo que correspondía es que sean derivados a la justicia pero, en este caso, “por aspectos políticos, las cooperativas son afines al Gobierno, ahora están descontentos con una medida de modificación de la normativa, pues está procediendo a liberar a los detenidos”.
DEBILITAMIENTO DEL GOBIERNO
Asambleístas y dirigentes consideran un “error” del Ejecutivo haber accedido al intercambio de policías rehenes por cooperativistas detenidos, porque muestra a un Gobierno con debilitamiento frente a sus mismos aliados políticos.
El jefe de la bancada de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, manifestó a Erbol que el Gobierno está ingresando a un terreno peligroso al afectar a la institucionalidad jurídica y democrática al negociar con secuestradores
“No es el Gobierno sino la justicia la que debe ver si los mandan a la cárcel o los cautelan, pero la justicia debía definir (el caso); pero directamente el Gobierno no debería negociar el delito”, dijo.
La expresidente de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, considera que el Gobierno cayó a una total desinstitucionalización y pérdida de autoridad, aunque para ella, “nunca hubo Gobierno sino el ejercicio de la fuerza y la imposición”.
“Más que una gestión anormal, es un testimonio de que no saben gobernar ni respetar las leyes. El Gobierno del MAS y sus ministros no respetan la ley y no tienen autoridad moral y lo que se ve es una crisis de institucionalidad y moral”, sostuvo Delgado.
Para el secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, éste es uno de los “grandes y feos errores” del Gobierno que ahora se da a la tarea de canjear rehenes y detenidos, tras los enfrentamientos entre policías y cooperativistas.
EN 2014 AMENAZARON A EVO CON “BAJARLO”
Cooperativistas mineros, aliados de varios Gobiernos
Las relaciones entre el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y uno de sus aliados más poderosos, los mineros cooperativistas, en los últimos años han mostrado un conjunto de contradicciones y rupturas.
Por ejemplo, según registros de prensa, el 7 de noviembre de 2013, el presidente Evo Morales aseguró que el apoyo que recibe de los cooperativistas mineros viene desde 2005. “Conozco a trabajadores y dirigentes sindicales, no vienen aquí con prebendas, sino con justas reivindicaciones…”, aseguró Morales en esa ocasión durante la promulgación de la ley a modificaciones a la Ley de Pensiones.
En otra ocasión, al agradecer la donación del transformador de energía eléctrica, con un valor de 3,6 millones de bolivianos, el dirigente minero, Artemio Mamani, expresó: “Si hoy fueran las elecciones, los cooperativistas no necesitamos ver la papeleta, hermano Presidente, no necesitamos pensar, porque vamos a votar por usted”.
Sin embargo, el 31 de marzo de 2014, el entonces presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia, Alejandro Santos, advirtió a Morales con “bajarlo” del cargo con una movilización si el Legislativo no aprueba el proyecto de Ley Minera sin modificación y si la Policía continúa reprimiendo a sus compañeros.
Según una publicación de El Deber del 7 de abril de 2014, el exprefecto de Potosí, Sergio Medinacelli (MIR), recordó que el sector de los mineros cooperativistas tiene un denominador común para su nacimiento y su auge: los precios internacionales de los minerales, que son altos, y que repercuten en ingresos para el país, producto de las exportaciones.
En 1985, una decisión política del MNR (cuando el presidente era Paz Estenssoro y su ministro de Economía Sánchez de Lozada) permitió la promulgación del DS 21060, que dejó a miles de mineros asalariados en las calles. Muchos de ellos empezaron a formar las cooperativas, pero con escasas ganancias.
En 1989 también se aliaron con Jaime Paz, “entonces no eran muchos, pero nosotros les dimos preferencia para su trabajo en el norte de La Paz”, recordó el expresidente.
Los cooperativistas formaron alianzas con otros Gobiernos, aun con el que fuera su verdugo: el MNR. En 1993, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada asumió su primera Presidencia los tuvo como aliados. Explotaban las minas sin depender del Estado, mientras ellos seguían obteniendo concesiones. Lo mismo ocurrió con ADN desde 1997.
Los cooperativistas tuvieron un rol crucial cuando se produjo la caída de Sánchez de Lozada. La marcha del sector fue determinante para que el exmandatario se vaya del país. También fueron cruciales para impedir la sucesión presidencial tras la renuncia de Carlos Mesa a la Presidencia. Cercaron Sucre y obligaron a que Hormando Vaca Díez (presidente del Senado) y Mario Cossío (presidente de Diputados) declinaran su acceso a Palacio a favor del presidente de la Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, en cuyo mandato se llamó a las elecciones que ganó Morales.
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