La investigación que lleva adelante la Fiscalía por el sobreprecio en la compra de víveres para la Policía apunta al general Hugo Baldivieso, exdirector nacional administrativo de la institución, como el "cerebro” de la operación que buscaba beneficiar a dos empresas con la adjudicación de contratos lesivos al Estado.
"Hubo un fuerte direccionamiento en el proceso de contratación de las empresas por parte de Baldivieso”, afirmó ayer uno de los fiscales de la comisión que investiga estas irregularidades. "Eso lo mencionó Churata en su declaración informativa”, añadió, refiriéndose al jefe nacional de la Unidad Financiera y responsable del proceso de contratación de los víveres, Ramiro Churata.
Todo comenzó con la selección de empresas para adjudicar la compra de 83.800 quintales de arroz y harina como dotación para los policías para 2015, a la cabeza de toda esta actividad estaba el entonces director administrativo: Baldivieso. Pero el proceso fue irregular e implicó hasta al excomandante general, Luis Cerruto, cuya audiencia cautelar fue ayer.
Ante el juez, tanto la Fiscalía como Jorge Tapia, el abogado de Cerruto, se refirieron a Churata, quien guarda detención domiciliaria. Según éste, fue Baldivieso quien en una primera instancia le ordenó que invitara sólo a dos empresas: Fast Food y Orgánica del Sur.
Pero ambas empresas no cumplían con los requisitos según constató el comité de selección, por lo que la invitación no surgió.
Entonces -de acuerdo con los datos que Tapia extrajo del cuaderno de investigación- Baldivieso ordenó a Churata que nombre a un nuevo Comité de Selección y permitió que su "asesora personal”, Paola Ergueta, quien guarda detención preventiva, "enseñe” a los nuevos integrantes cómo debían calificar a las empresas postulantes.
En la nueva selección Fast Food y Orgánica del Sur fueron adjudicadas. Pero después de firmar el contrato, Cerruto observó un sobreprecio. Por ello rescindió el contrato.
Las empresas presentaron una acción de amparo constitucional que les fue concedido el 1 de junio, cuando Cerruto ya no era comandante, y fue en este trámite que se conoció que en realidad había dos contratos de adjudicación, ambos firmados por Cerruto, pero en uno de ellos se añadía una cláusula según la cual debía pagarse a Fast Food el 20% de lo acordado como adelanto, lo que es 5.016.144 bolivianos.
El 26 de mayo Édgar Téllez ascendió como comandante y presentó una denuncia, lo cual activó la pesquisa. Sin embargo, hasta las 18:00 de ayer, Baldivieso no declaró pese a que fue citado dos veces. Cerruto pidió su detención.
Juez ordena detención domiciliaria para Cerruto
Por orden de una jueza, el excomandante general de la Policía, Luis Cerruto, estará detenido en su domicilio y deberá pagar una fianza de 80.000 bolivianos, además de cumplir con otras medidas sustitutivas dentro de la investigación que se le sigue por el sobreprecio en una adjudicación de víveres.
"Se dispone la detención domiciliaria para el imputado con custodia policial, la prohibición de entablar contacto con otros implicados o coimputados en este caso y el pago de 80.000 bolivianos como fianza para que, en caso de fuga, se utilice ese dinero para su captura”, dispuso ayer la jueza Primera de Instrucción Anticorrupción, Cinthia Delgadillo.
A Cerruto se lo imputó por falsedad material, falsedad ideológica, conducta antieconómica, uso de instrumento falsificado y contratos lesivos al Estado.
La jueza, después de valorar los elementos presentados por la comisión de fiscales y los descargos de la defensa, decidió apartarse del pedido de la Fiscalía, que era la detención preventiva de Cerruto, con el argumento de que no tenía trabajo ni un domicilio y que en su calidad de ex máximo jefe policial puede intervenir en la investigación en su contra.
Pese a recibir una medida más benevolente, el abogado del excomandante, Jorge Tapia, anunció que apelará la decisión de la juez porque es "exagerada”.
Por otra parte, Tapia informó que ayer presentó una querella penal contra el exjefe de la Unidad Nacional Financiera, Ramiro Churata, el exasesor jurídico de la Dirección Nacional Administrativa de la Policía, Antonio Samo, el exdirector nacional administrativo, Hugo Baldivieso, y contra su "asesora personal”, Paola Ergueta, por falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
En su audiencia Cerruto declaró: "En mi calidad de comandante firmaba un montón de contratos que venían con respaldo de un informe técnico y legal. A mi cargo estaban 27 direcciones, 37.000 efectivos. Yo no podía hacer el trabajo de otros, no podía estar en todas partes y revisar todo lo que hacían”.
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