La comisión calificadora y los funcionarios, encargados de aprobar el contrato de 25 millones de bolivianos para la compra de 83.000 quintales de harina y azúcar, fueron direccionados y presionados por el exdirector administrativo de la Policía Nacional, general Hugo Baldivieso, y la aprobación del contrato, se gestionó por presiones de Paola Ergueta, apoderada legal de Baldivieso, según declaró el jefe de activos fijos de la institución del orden, Felipe Loza Mullisaca, quien figura en el cuaderno de investigaciones.
IMPUGNACIÓN
El viernes por la noche, Baldivieso fue aprehendido luego de que se presentó a declarar en la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en La Paz y ayer, domingo, debió realizarse la audiencia de medidas cautelares, pero esta fue suspendida debido a que la defensa del general impugnó al juez onceavo de materia en los penal cautelar, Jhonny Machicado, argumentando que este no es juez anticorrupción.
La fiscal que investiga el caso, Liliam Calderón, a pesar de no apoyar el argumento legal, señaló que a fin de que los imputados no puedan interponer otros recursos que obstaculicen el proceso de investigación, se espera que el caso sea derivado a un juez especial anticorrupción.
ERGUETA
Según la declaración de Felipe Loza Mullisaca, exjefe de activos fijos de la Policía Nacional, Paola Ergueta, quien se encuentra con detención preventiva, fungía como asesora personal del entonces jefe administrativo, general Baldivieso.
“Y por instrucciones del referido jefe, esta señora presionaba a diferentes áreas y personas para la aceleración del trámite (contrato de 25 millones con la empresas Orgánica del Sur Srl. y Foods Comapany), además que por órdenes del Gral. Baldivieso tenía acceso a la documentación, a las oficinas y escritorios, en suma, influenciaba en todos nosotros, como si fuera parte de la Policía y como si tuviera un cargo superior, esto por la potestad que le dio el Gral. Baldivieso”, cita en parte de la declaración de Loza tomada por la fiscal Calderón el 22 de julio.
Al momento de su detención, Baldivieso no aclaró si Ergueta cumplía algún tipo de función al Interior de la Policía Nacional ni cuál fue la responsabilidad que ella tenía en dicha contratación.
Sin embargo, aclaró que Ergueta sí contaba con un poder firmado por él, pero este documento corresponde a junio de esta año, mientras que la firma del contrato se efectuó en el mes de abril.
INTERCAMBIAN
ACUSACIONES
Baldivieso, también admitió haber firmado el desembolso de los cinco millones de bolivianos, pero negó haber firmado el contrato y descargó toda responsabilidad sobre el encargado de contrataciones Ramiro Churata y señaló que este fue nombrado por el excomandante Nacional de Policía, que en ese entonces era el general Luis Cerruto.
ANTECEDENTES
El primero de junio, las empresas Orgánica del Sur Srl. y Foods Comapany interpusieron un amparo constitucional en contra de la Policía Nacional, por considerar que sufrían un daño económico, luego de que el excomandante de la institución, general Cerruto, dejara sin efecto un contrato de venta por más de 83.000 quintales de harina y azúcar, por un costo de Bs 25 millones.
El miércoles cinco de julio, la juez primero cautelar anticorrupción, Cinthya Delgadillo, dispuso detención domiciliaria para el general Cerruto, fijando una fianza de 80.000 bolivianos, medida que Jorge Tapia, abogado del jefe policial, adelantó, será apelada por considerarla excesiva.
Para aprobar el contrato, en los antecedentes, se indica que los jefes policiales manipularon el nombramiento de los miembros de las dos comisiones que recomendaron la contratación de ambas empresas porque ya existía un acuerdo previo para favorecerlas. Además que funcionarios fueron cambiados de sus puestos para viabilizar la firma del contrato, es el caso de Loza.
Lo que resulta contradictorio de esta hipótesis es la interposición del amparo por parte de las dos empresas, siendo que existía dicho acuerdo.
CLÁUSULA
Al término de su audiencia, el general Cerruto declaró que ese contrato fue modificado en la cláusula sexta, luego de que él firmara el documento.
Dicha cláusula, bajo el título de “Póliza de garantía de correcta inversión de anticipos”, daba lugar a que la Policía desembolse cinco millones de bolivianos en calidad de anticipo, lo que no figuraba en el contrato original que, afirman, señalaba que el pago total de los Bs 25 millones se daría una vez entregados los 83.000 quintales y no figuraba ningún adelanto.
Loza, que trabajó como jefe de la División Nacional de Adquisiciones hasta el 15 de mayo de este año, fue removido del puesto y llevado a que cumpla servicios como jefe de Activos Fijos.
Consultado por el movimiento del personal, Cerruto aseguró que esto también era potestad de Baldivieso.
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