El general Luis Enrique Cerruto, excomandante de la Policía Boliviana, fue aprehendido ayer dentro de la investigación que se sigue en su contra y de otras nueve personas por el desvío de cinco millones de bolivianos dentro del proceso de adjudicación de contrato para la compra de más de 83.000 quintales de harina y arroz para la dotación a efectivos policiales, que tenía un tope presupuestario de 25 millones de bolivianos.
INGERENCIA POLÍTICA
Fuentes confiables afirmaron ayer, luego de que se conociera la aprehensión del general Cerruto, que las irregularidades denunciadas dentro del proceso de adjudicación de contrato para la compra de víveres, se dio por una intromisión política.
Los informantes aseguran que autoridades del Poder Ejecutivo presionaron para que la adjudicación, que se había otorgado ya a una empresa denominada Foods Company, sea anulada y se cambie por empresas pequeñas de Santa Cruz. La versión no ha sido confirmada por ninguno de los imputados.
DOS COMISIONES
Según los antecedentes del caso, a inicios de este año, la Policía nacional emitió una convocatoria pública para que empresas, que cumplían con los requisitos de ley, presenten sus ofertas con un techo presupuestario de 25 millones de bolivianos para la compra de 83.882 quintales de harina y arroz, destinado al personal activo y pasivo de la institución.
De acuerdo con los datos, Foods Company fue la empresa que resultó ganadora de este primer proceso, que fue administrado por una primera comisión, conformada por representantes de varias instancias de la entidad policial.
Por otro lado, los responsables del área administrativa de la Policía aprobaron el desembolso de dinero como adelanto del 20 por ciento, equivalente a cinco millones de bolivianos.
SUMA EL DAÑO ECONÓMICO
Al momento no se tiene claro el destino del dinero, pero se conoce que las empresas Orgánica del Sur Srl. y Foods Company interpusieron un amparo constitucional, cuya notificación a la Policía fue hecha el uno de junio.
El otro dato es que la autorización fue realizada por una segunda comisión de la que formaban parte el entonces comandante de Policía, general Cerruto; el director nacional administrativo, general Hugo Baldivieso Cardozo; la asesora jurídica de este, Paola Isabel Ergueta Peredo, y otras siete personas.
En declaración informativa, ante la fiscal Liliam Calderón, el exjefe de activos fijos, de la Policía, Felipe Loza Mullisaca, afimó que Ergueta, junto a Luis Hernan Guevara (se desconoce su cargo) con aval de Baldivieso, presionaba y agilizaba la elaboración de los contratos.
CERRUTO
En cuanto al general Cerruto, al cabo de nueve horas de declaración ante la fiscal de materia Calderón, fue enviado a celdas judiciales a la espera de la audiencia de medidas cautelares que debe efectuarse el día de hoy.
Cerruto mencionó que de las 20 páginas que el contrato tenía, la última habría sido alterada y pedirá que se investigue este hecho, pero reconoció haber firmado la autorización del desembolso y aseguró desconocer de las irregularidades.
“Estoy presto para colaborar con el Ministerio Público en el caso del que soy víctima, de aquellos malos policías, que hacen este tipo de ilícitos (…). Iré a medidas cautelares para justificar que soy víctima de estos malos policías que actúan de esa manera, bueno yo como máxima autoridad ejecutiva que he firmado el contrato original, ahora estoy en estas circunstancias”, declaró Cerruto a la salida del despacho de la fiscal.
PRÓFUGO
Por último, se desconoce el paradero del general Baldivieso, quien fue declarado prófugo por el Ministerio Público, y es señalado por los diferentes imputados, como el principal responsable de la desaparición de los cinco millones de bolivianos.
Los cargos contra estas autoridades son por uso indebido de influencias, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
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