Éste y otros argumentos son esgrimidos por propietarios de vehículos que deciden evitar las filas y pagar hasta 100 bolivianos para realizar sin contratiempos este trámite.
OPINIÓN evidenció que al margen de la inspección vehicular 2016, que se realizará hasta el 3 de febrero, continúa la venta ilegal de las rosetas por parte de algunos policías que aprovechan esta época del año para seguir alimentando el círculo de la corrupción que desprestigia a esta institución.
La roseta, según testimonios de propietarios de vehículos, se vende hasta en 100 bolivianos por parte de policías de distintas unidades en Cochabamba. Estos funcionarios se encargan de ofrecer a particulares, e incluso a instituciones, este requisito que todo motorizado requiere para circular en el territorio nacional.
Daniel compró cinco rosetas de inspección para él y otros familiares. La adquisición la hizo hace tres semanas, luego de hacer la reserva para realizar el trámite de manera legal, el cual no pudo terminar porque los policías le rechazaron su botiquín.
“Me pidieron que me vaya a comprar otro botiquín y que vuelva nuevamente a hacer la reserva”, mencionó.
Optó por comprar la roseta que un policía le había ofrecido en 70 bolivianos, cuando la inspección comenzó en noviembre pasado. Llamó al uniformado y éste le pidió que reuniera a todos los vehículos que debían ser inspeccionados en un barrio de la zona sur.
El policía acudió a tomar las fotografías, recoger la boleta de pago de 30 bolivianos, que los propietarios habían depositado en una entidad financiera, las copias de carnet de identidad y el Registro Único Automotor.
El automóvil de Daniel, una vagoneta modelo 2014, y cuatro vehículos más de sus familiares nunca llegaron a uno de los puntos de inspección establecidos. Fueron suficientes las fotografías tomadas en el lugar de la cita con el policía, la documentación y el pago de los 70 bolivianos extras para evitar que un mecánico o policía realice la revisión del botiquín, gata, llanta de auxilio, triángulo, extintor y revise las luces de los motorizados.
A los dos días de haber concretado esta reunión, el policía le entregó a Daniel las rosetas y el certificado de la inspección de los cinco motorizados.
Marcelo es otro ciudadano que, según su testimonio, compró la roseta de un policía. El hombre de 65 años no sabía cómo hacer la reserva por internet. Ante la oferta del uniformado, que trabaja en la entidad financiera de uno de sus familiares, prefirió hacer todo de la manera más fácil.
“El policía me pidió llevar mi vehículo a un lugar cercano a un punto de inspección vehicular. Allí sacó la fotografía, tomó las fotocopias de mi documentación y el pago por la boleta de la inspección vehicular”.
Al igual que Daniel, Marcelo pagó 70 bolivianos, al margen de los 30 bolivianos que depositó en una entidad financiera para hacer la inspección, como lo exige la norma.
En este último caso la entrega de la roseta demoró una semana.
SANCIÓN
La venta ilegal de la roseta de inspección vehicular podría derivar en la baja definitiva de un policía, si se verifica que ha cometido este ilícito, advirtió el director departamental de Recaudaciones de la Policía, coronel Ronaldo Montaño.
La autoridad recordó que las únicas personas que reciben las boletas son los 28 policías que se encuentran en los 14 puntos de inspección vehicular en la ciudad y las provincias.
Cada día, estos policías reciben un determinado lote de boletas que deben ser devueltas en la noche si no son utilizadas.
Este es uno de los mecanismos que la Dirección de Recaudaciones asumió para tener un mayor control sobre las boletas, sin embargo, los policías se dan modos para que las rosetas sean desviadas a vehículos que nunca llegaron a los puntos de inspección.
Tras conocer estas denuncias, Montaño se comprometió a investigar el desvío de las rosetas que benefician de manera ilegal a personal de la institución y sancionar a los policías involucrados.
Los ciudadanos que compran estas rosetas pueden ser sancionados por el delito de cohecho activo, cuando una persona diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones, lo que es sancionado por el Código Penal con tres años de cárcel.
De acuerdo con el mismo Código, los policías podrían ser sancionados por el delito de cohecho pasivo propio (el servidor público que para hacer o dejar de hacer un acto relativo a sus funciones o contrario a los deberes de su cargo, recibiere directamente o interpuesta por otra persona, para sí o para un tercero, dádivas o cualquier otra ventaja o aceptare ofrecimientos o promesas). Este delito tiene una privación de libertad de 3 a 8 años.
Podrían ser juzgados por el delito de concusión que tiene una pena de 3 a 8 años de cárcel por abusar de su condición o funciones para cobrar dineros ilegítimos en beneficio propio o de un tercero.
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