El comandante departamental de la Policía, Luis Aguilar, evitó ayer referirse a la venta ilegal de rosetas de la Inspección Técnica Vehicular para la gestión 2016 y se comprometió a hacerlo hoy lunes.
En principio, Aguilar dijo que el caso le compete al director de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía, Rolando Montaño, pese a que él es la máxima autoridad en el departamento.
Explicó que Montaño ya dijo -a través de este medio de comunicación- qué acciones se asumirán al respecto. Entre ellas, mencionó la investigación de estos hechos irregulares.
Este medio le consultó al director de Fiscalización y Recaudaciones sobre si había iniciado la investigación del desvío de rosetas, compromiso que asumió en los últimos días, pero también aplazó su respuesta. Primero dijo que no hay denuncias que solventen estos hechos de corrupción. Luego, comprometió una entrevista el mismo día que el Comandante departamental de la Policía.
LOS HECHOS El Informe Especial de OPINIÓN develó ayer que uniformados cobraron hasta 100 bolivianos por un adhesivo y un certificado de trámite de la Inspección Técnica Vehicular, cuyo valorado se compra en las entidades financieras en 30 bolivianos.
Con este pago extra, los dueños de motorizados aprobaban automáticamente el proceso de inspección y recibían la boleta, sin ninguna observación.
Así sucedió con Daniel, un conductor que denunció estos hechos a OPINIÓN. Explicó que programó la inspección de su motorizado de forma legal (a través de Internet), pero cuando acudió al punto de atención, los policías lo reprobaron por portar un botiquín con medicamentos que estaban vencidos. Le sugirieron comprar un nuevo botiquín y reprogramar la inspección. Sin embargo, para evitar el proceso y mayores observaciones, Daniel llamó a un policía que en noviembre de 2015, cuando inició la inspección, le ofreció el adhesivo en 70 bolivianos. El conductor terminó comprando del uniformado, de forma ilegal, cinco rosetas de inspección para motorizados de sus familiares sin pasar por la revisión.
SANCIONES En caso de que se compruebe que un policía está implicado en este hecho de corrupción, podría ser dado de baja definitivamente, aseveró Montaño, en entrevista para el Informe Especial.
No obstante, el comprador también podría ser procesado bajo el cargo de cohecho activo, que es “cuando una persona diere o prometiere a un funcionario público o autoridad, dádivas o cualquier otra ventaja, para hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”, según establece el Código Penal.
La condena es de hasta tres años de cárcel.
NUEVOS CASOS El fin de semana también se ventiló que la venta de rosetas se la realiza a través de las redes sociales (Facebook y WhatsApp), según Página 7. En la publicación, menciona que la Policía evidenció que, en los departamentos del eje troncal, se ofrecen rosetas hasta en 100 bolivianos. El director nacional de Fiscalización y Recaudaciones, Óscar Soliz, dijo que estos hechos van en desmedro de la Policía. Pese a que en las redes habían números de referencia, no se aprehendió a ningún implicado.
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