La Policía Boliviana ocupa a 251 efectivos desde hace 20 días, para impedir que la ciudadanía ingrese a la plaza Murillo o inmediaciones. El personal de seguridad permanece las 24 horas en turnos de seis horas, específicamente, para impedir el ingreso de las personas con alguna discapacidad, pero el perjuicio es para toda la sociedad, observó el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo.
“19 días, 251 policías en turnos de 6 horas cuidan plaza Murillo. Costo aproximado de alimentación Bs 572.280 ¿es Justo?”, posteó el diputado de Unidad Demócrata en su cuenta de Twitter.
El cerco de los policías es desde una cuadra antes de llegar a la plaza Murillo. Según el senador, en la calle Junín e Ingavi, están 47 uniformados, en la Ballivián y Bolívar 33, Ballivián y Colón 19, Comercio y Colón 30, Ayacucho y Potosí 27, Socabaya y Potosí 28, Comercio y Yanacocha 35, finalmente Ingavi y Yanacocha 23.
En días anteriores, la gente todavía podía ingresar con algún credencial o justificativo hasta la plaza Murillo. Ayer el ingreso fue más restringido, puesto que tan solo podían hacerlo funcionarios que tenían autorización.
Al promediar las cinco de la tarde de ayer, en las calles Ballivián y Loayza se registraron problemas de “enfrentamiento” por parte de las personas discapacitadas y los efectivos policiales. Lo mismo sucedía en la calle Potosí y Colón.
La diputada de Unidad Demócrata (UD), Scarlet Zambrana, advirtió que la restricción de las personas a la plaza Murillo es una vulneración a las normas nacionales como la Constitución Política del Estado, la Sentencia Constitucional 0023/2010, que establecen que la libre circulación es concedida como la facultad de las personas libremente en el espacio, desplazarse de un lugar a otro y circular por todo el territorio nacional.
La diputada Lourdes Millares dijo que se enviaron notas al Ministerio de Gobierno, las que exigían que quiten las vallas de los alrededores de la plaza Murillo. Asimismo, pidió al Gobierno una solución pronta al conflicto con el sector de las personas con discapacidad.
“Los diputados estamos advirtiéndole que están vulnerando las previsiones constitucional del artículo 21, donde se dispone el derecho a tener libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio bolivianos en el país”, finalizó Millares.
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