Los policías de seguridad física de Oruro cumplieron ayer tres días de paro de actividades, exigiendo una “definición jurídica sobre sus condiciones de trabajo”, y esclarecer si forman parte de la Policía, para ser cambiados de destino, como otros uniformados, o dependen de un sistema privado de seguridad.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Oruro, Jorge Castillo, dijo que la situación es preocupante, porque ya son tres días de la paralización de sus actividades, como consecuencia del “cambio de destino de 140 policías, para que vayan a trabajar a otros departamentos, cuando tienen sus familias establecidas en esta capital”.
“Lo que más nos interesa es que no tenía que haber ninguna acción (represión) contra los funcionarios que se encuentran en vigilia en la puerta de Seguridad Física, ubicada en la calle Caro, entre Sargento Tejerina y Tarapacá. Nos hemos reunido con el comandante de la Policía de Oruro, coronel Rolando Tapia. Ambas partes mantienen sus posiciones”, explicó Castillo.
Los uniformados aceptan el cambio de destino, tal como disponen las autoridades superiores de la Policía Boliviana, pero también “exigen ser incorporados en los ítems de esa institución”, porque actualmente, “reciben sueldo de las instituciones privadas y públicas donde cumplen sus funciones de seguridad, pero no de la Policía”.
Según el informe, a cada institución pública “se exige el pago de 6.000 bolivianos por el servicio que ofrece cada policía, pero el uniformado recibe como sueldo únicamente 2.700 bolivianos y no tienen ningún otro beneficio, ni siquiera ascenso de cargos ni provisión de alimentos”.
Según el acuerdo firmado entre autoridades de la Policía Boliviana y los efectivos de Seguridad Física, en 2008, se disponía que los efectivos de esa unidad debieran ingresar a la categoría “C”, nivel 15 del Escalafón Policial, pero hasta la fecha no se ha dado cumplimiento de esa disposición.
La vigilia –tal como llaman los uniformados, porque no quieren que se denomine paro–, continuaba hasta ayer en la calle, en la zona Este de esta ciudad.
El presidente de Derechos Humanos dijo que, efectivamente, “no hay seguridad jurídica ni definición jurídica al respecto y lo único que hacen es prestar servicios de seguridad, como cualquier otra institución de seguridad privada”.
El comandante de la Policía, coronel Rolando Tapia, explicó que los uniformados “están prestando funciones similares que otros y que, por órdenes superiores, se debe acatar el cambio de destino dispuesto a 140 miembros del Batallón de Seguridad Física”.
Jorge Castillo dijo que si no hay voluntad de partes, para resolver el conflicto, “no se puede hacer nada al respecto, y lo único que nosotros estamos haciendo es velar que no se violen los derechos humanos de los uniformados que, con ropa de civil y encapuchados, se encuentran en plena vigilia en la calle Caro”.
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