La querella por el delito de asesinato podría ampliarse a los comandantes de la Policía Nacional, según figura en el documento presentado ante el Ministerio Público, por la familia del sargento de la Policía Nacional, José Luis Quispe de la Cruz, fallecido el pasado 17 de agosto durante un presunto enfrentamiento entre cooperativistas y efectivos del orden en la localidad de Tacacoma, de la provincia Larecaja.
Quispe, de 28 años de edad, cuya muerte dejó en la orfandad a dos menores, fue parte del contingente policial de 171 efectivos, que bajo el mando del entonces comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel José Luís Aranibar, se trasladaron, el 16 de agosto pasado, hasta localidad de Ananea, en el municipio de Tacacoma, con el fin de desalojar a comunarios que de forma ilegal tomaron la mina, propiedad de la Cooperativa Minera “El Rosario”.
Freddy Velásquez, abogado de Nancy Pimentel, viuda del sargento, informó que la querella fue presentada el pasado 28 de agosto, y a diferencia de la que presentó el comandante de la Policía Nacional, general Édgar Téllez, donde denuncian el delito de “homicidio”, la familia plantea la persecución de los autores bajo el delito de asesinato, debido a que la relación de hechos narrados por los testigos presenciales se evidencia el dolo y la planificación por parte de los comunarios para efectuar las de acciones que concluyeron en la muerte de Quispe.
El martes 18 de agosto, luego de conocerse el fallecimiento de Quispe, el Ministerio de Gobierno formalizó ante la Fiscalía una primera querella contra los autores por la muerte de un policía en cercanías de la mina.
Juan Carlos Escalante, abogado de la cooperativa, afirmó que comunarios heridos y trasladados a un hospital de El Alto, identificaron a los autores de la muerte de Quispe, quien junto a otros efectivos se presentaron en el lugar para dar cumplimiento de una resolución emanada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que respaldaba las operaciones de los propietarios de la mina el “El Rosario”.
Según el contenido de la querella, al que el EL DIARIO tuvo acceso, refieren presuntos errores al momento de proceder al desalojo de los comunarios de la mina.
Las observaciones de la familia van desde el equipo con el que contaban los uniformados, pero el énfasis está en que a pesar de constituirse a la zona 171 policías, el Comandante Departamental dividió el contingente en grupos reducidos, esto debido a la valoración equivocada de la situación.
Según los informes, a las 13,15 del 17 de agosto, Aranibar dispone que miembros del Grupo Delta de la zona Sur, del cual formaba parte Quispe, fueran divididos en grupos de ocho efectivos, enviando al mencionado al extremo superior de la mina, donde más de 60 comunarios, con el conocimiento del terreno, se presume los emboscaron para luego de tomar al sargento y darle una fuerte golpiza lo arrojan a un precipicio cercano.
En la querella presentada por la Policía, se hace referencia de que el operativo comandado por Aranivbar tenía base en el “Plan de Operaciones Nº 018/2015 de 14 de agosto”.
Con estos antecedentes, el abogado de la familia afirmó que la familia se reserva el derecho de ampliar la querella por asesinato en contra de Aranibar y el entonces jefe de operaciones del Comando Departamental.
En medio de los actos póstumos en honor de Quispe, el general Téllez aludió el trabajo de coordinación de la Policía y afirmó que Aranibar contaba con la experiencia necesaria para dirigir dicho operativo.
La querella de la familia de Quispe señala: “Solicitándole se sirva admitir mi querella y sea con la formalidades de Ley, reservándome el derecho de ampliar la misma contra los jefes de la Policía Nacional que comandaron este operativo”, se lee en el inciso cuarto de la querella de la familia, con el título de “Petitorio”.
No comments:
Post a Comment