Cochabamba Cambios en Fiscalía Policial. Incumplen orden de destinos de Evo para “beneficiar” a capitán

Cinco policías que investigaban al hijo de un general fueron cambiados con una instrucción del Comando General que desobedece la disposición del Gobierno

Hace unas semanas, el exministro Hugo Moldiz anunció una profunda reestructuración en la Policía Boliviana tras descubrir que en su seno operan redes de corrupción que gozan de la protección de algunos jefes. Después, el presidente Evo Morales, muy molesto por la fuga del empresario peruano Martín Belaunde, cambió al comandante general de la Policía y anunció que estaba cansado de la corrupción y que iba a proteger a los policías que se animen a denunciar a los jefes que incurran en irregularidades.

OPINIÓN supo de fuentes extraoficiales de un hecho anormal. La orden general de destinos emitida por el Gobierno hace pocas semanas ha sido incumplida por jefes policiales nacionales, presumiblemente, con la intención de proteger a un capitán, que es hijo de un general de la Policía, de ser investigado por presuntos hechos de corrupción.

El Gobierno aprobó una orden general de destinos nombrando a los jefes policiales y tribunales de los nueve departamentos del país. En Cochabamba, el coronel José Borda fue nombrado Fiscal Departamental de la Policía, vale decir, como director de las investigaciones internas de las denuncias presentadas por la sociedad en contra de miembros de la institución verde olivo.

Sin embargo, el 27 de mayo de 2015, por orden de la Dirección Nacional de Movimiento de Personal del Comando General de la Policía en La Paz, el recién nombrado fiscal José Borda y su personal, capitán Charles Ramírez, capitán Herland Cotrina, capitán Armando Azurduy y el capitán Victor Hugo Mendoza, fueron cambiados de destino, arbitrariamente e infringiendo la orden gubernamental, a Oruro, Chuquisaca y Tarija.

La fuente señaló que estos cambios constituyen “una grave vulneración de derechos ya que es una clara intimidación a los miembros del sistema disciplinario, y en represalia por no haber cedido a las presiones hechas por la superioridad y por no haber transgredido la ley en beneficio personal de algunos policías denunciados. Esta aseveración se refiere a que la verdadera intención de estos cambios sería castigar a quienes pretendían cumplir su labor de investigar una denuncia en contra de un capitán que está destinado en Cochabamba, que es hijo de un general de la Policía y que pidió que la denuncia en su contra fuera archivada y olvidada. Una pareja denunció al capitán, a dos sargentos y a una policía mujer, por supuestos hechos de corrupción y por favorecer la atención de un caso.

El capitán, en lugar de presentar sus explicaciones a la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi), escribió un memorial a su padre el 11 de mayo, cuando el general era director nacional de la Digipi.

Ese memorial tuvo un trato preferencial, pues el fiscal nacional de la Policía ordenó que el caso del hijo del general fuera remitido de Cochabamba a la sede de Gobierno, lo cual, de acuerdo a la Ley 101 no es de su competencia y es irregular porque debería ser imparcial y no puede interceder por un caso específico.

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casos o denuncias en contra de policías de diversos cargos jerárquicos son investigados por la Fiscalía Departamental Policial de Cochabamba. El Fiscal General llegó en abril, solo para “resolver” dos casos, el del hijo del general y el de un jefe de la FELCN.

Comando: es orden superior

Este diario conversó ayer con el comandante de la Policía de Cochabamba, para verificar si hubo cambios en la Fiscalía Departamental y a qué obedecieron los mismos.

El comandante, coronel Rino Salazar, entrevistado en el acto del 89 aniversario de Tránsito, informó que la orden de cambio del Fiscal Departamental José Borda y su personal llegó del Comando General de la Policía.

“El régimen disciplinario no depende del Comando departamental, sino del régimen nacional. Nuestra tarea, al llegar dicha orden, solo es hacer conocer tal disposición a los funcionarios policiales citados”, amplió. Consultado sobre si conocía que la intencionalidad de dicho cambio era una represalia por la negativa de beneficiar al hijo de un general, Salazar aclaró que desconocía esa hipótesis y de existir la misma, debía ser canalizada ante las instancias pertinentes, la Didipi y tribunales disciplinarios.

La Ley 101 prevé sanciones a quien vulnere la orden general de destinos.