Luego de que la generala Rosario Chávez denunciara que jefes policiales se reparten ganancias ilícitas en parrilladas; el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el Estado Mayor de la Policía Nacional anunciaron proceso en su contra, por haber dañado la imagen de la institución y con acusaciones de las cuales, aseguran, Chávez no ha presentado pruebas.
“La generala Chávez fue pasada al Tribunal Disciplinario de la Policía que instauró un proceso disciplinario, porque me parece inverosímil que una persona que fue segunda autoridad a nivel del mando policial, no procesó a los policías implicados en delitos de corrupción”, declaró ayer el ministro Romero.
Romero mencionó que la sanción debe ser drástica, porque “lo que hace falta es imponer disciplina en la institución policial”, luego de que Chávez anunciara luchar por sus derechos después del alejamiento de su cargo, a pesar de ser la mejor calificada.
Para el ministro Chávez incurrió en los delitos de incumplimiento de deberes y encubrimiento por no procesar a los policías denunciados, además que no explicó ni respondió a una solicitud para que precise a qué hechos de corrupción se refiere.
Por otro lado, Víctor Hugo Oña, director nacional de personal y miembro del Estado Mayor Policial, informó que todos los miembros de esa instancia presentarán una acusación por difamación contra Chávez.
MICROCORRUPCIÓN
Ante la repercusión que causó las denuncias de Chávez, el presidente Evo Morales reconoció ayer que durante su gobierno, en Bolivia se vive el flagelo de la “microcorrupción”. “Mi gran deseo es que el subalterno denuncie y ese subalterno debe ser premiado”, declaró Morales.
Morales aseguró que solo son “algunos policías”, los que hacen quedar mal a la institución.
Chávez afirmó que fue alejada de la estructura del Estado Mayor de la Policía, debido a que no es “parte de las roscas de corrupción”. Afirmó que cuenta con actas de reuniones donde presentó listas de denuncias y los documentos fueron entregados al exminsitro Hugo Móldiz.
APDH
Por último, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Yolanda Herrera, aseguró que se está convocando a diferentes organizaciones defensoras, por considerar que este hecho es violencia institucional contra una mujer.
“Vemos con bastante preocupación. Lo que se está haciendo es intimidarla y amedrentarla a una persona que tuvo esa valentía de denunciar tráfico de influencias, hechos de corrupción. Creo que es una muy mala señal en términos del mensaje que se ha dado de reformar la Policía”, lamentó la presidenta de la APDH, según la Red Erbol.
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