El fiscal Villarroel, observado, amplió la investigación por seis meses más y un juez liberó a dos imputados.
Familiares de Francisco Choque (65) denunciaron que dos loteadores, Fidel C. y Damaso Q. R., pagaron cerca de 8.000 dólares a dos policías - sicarios para asesinarlo el pasado 21 de enero de 2015.
De acuerdo con los documentos obtenidos en la Fiscalía de Distrito, se conoció que el pasado 21 de enero, el cadáver de la víctima de la tercera edad fue hallado acogotado y con una herida en la cabeza por arma de fuego en una carretera alterna de la ciudad de Viacha, provincia Ingavi.
Después de 20 días, efectivos del Grupo de Investigaciones de Casos Especiales (GICE) de la Policía logró dar con el paradero de dos efectivos del verde olivo, el sargento Milton C. R. (33) y el cabo Rubén G. C. (28), el primero, investigador de la fuerza anticrimen en La Paz y otro dependiente del Distrito Policial Tres de El Alto, quienes participaron en el crimen por encargo de dos loteadores de El Alto.
De acuerdo con el testimonio del cabo Rubén G. C., el loteador Fidel C. ordenó la muerte de Francisco Choque que se opuso a la venta irregular de terrenos en la urbanización Villa Imperial y otros. La víctima, extrabajador minero y dirigente vecinal, descubrió las ventas irregulares de lotes en el sector de Senkata que fueron observados en una reunión, lo que motivó su asesinato, afirmó por su parte Carlos Aparicio viceministro de Seguridad Ciudadana.
MENSAJES. Las investigaciones del GICE establecieron también que el día del crimen los dos miembros de la Policía, uno de ellos liberado por un juez en noviembre de 2015, escribieron en una cuenta de facebook que recibieron la última cuota, 700 dólares, que iba ser repartida entre los sicarios.
De acuerdo con testimonios de comunarios que coadyuvaron para la captura de los policías-sicarios, la tarde del 21 de enero Francisco Choque había abordado una vagoneta, tipo Vitara de color azul, en la que fue acogotado y después ajusticiado, antes de botar el cadáver en la vía alterna que conduce a la población de Viacha, donde radica el caso.
INVOLUCRADOS. En el proceso se vieron involucrados la esposa del policía de la FELCC, Gabriela C., que revocó la detención preventiva después de tres meses, Luis Fernando Q. C. y Yonny Willy G., estos dos últimos prófugos, quienes también serían parte del grupo de sicarios. Según la denuncia, pese a las evidencias, el fiscal Fernando Villarroel cambió la resolución de imputación de asesinato por el de robo agravado. La primera prevé una sanción de 30 años sin derecho a indulto, mientras que la segunda determina pena privativa de solo tres a diez años.
Este hecho fue observado por la defensa de la víctima que presentó queja formal al Fiscal de Distrito Marcelo Rollano que resolvió el cambio del fiscal Villarroel a la unidad de anticorrupción.
Este hecho, según indagó La Prensa, no es investigado por la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi) y tampoco pasó al Tribunal Disciplinario de la institución, debido a que habría injerencia por parte de un oficial de Policía que es cuñado del cabo Rubén Gary G. C.
En tanto, se espera la audiencia de apelación para dos de los inculpados liberados y señalados como autores intelectual y material del hecho.
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